Jueces precisan criterios para calificar demandas de amparo

Los jueces constitucionales deben hacer una calificación cualificada (de mayor calidad) y reforzada antes de declarar procedente o desestimar las demandas de amparo que sean presentadas para su resolución ante los órganos jurisdiccionales del país.

Así lo acordaron, por mayoría, los magistrados de los 34 distritos judiciales que participaron en el Encuentro Nacional de Jueces Especializados en materia Constitucional y Contencioso-Administrativo realizado en Tumbes.

El acuerdo refiere que los jueces deben actuar de esa manera porque, de manera general, los demandantes recurren al amparo judicial en tercera y cuarta instancia o en una suerte de supra instancia, para intentar someter a debate lo que ya ha sido resuelto por la justicia ordinaria.

En cuanto al principio de tipicidad en procedimiento administrativo sancionador, el encuentro estableció que “es ineludible y una exigencia constitucional y convencional que la conducta típica esté prevista legalmente en forma previa, cierta, expresa y con precisión en los elementos del tipo infractor”.

Los jueces acordaron, también por mayoría, que la calificación de las demandas de amparo debe ser cualificada y reforzada observando el precedente constitucional “caso Elgo Ríos” (sobre perspectiva objetiva y subjetiva).

Sobre “Límites al principio de plena jurisdicción en los procesos contenciosos administrativos” el encuentro acordó que tal principio no tiene límites.

“El proceso contencioso-administrativo no es el típico mecanismo formal de protección de la legalidad administrativa, sino que todo juez en el caso concreto debe de valorar la constitucionalidad o legalidad de la actividad administrativa, para hacer efectiva la tutela de los derechos e intereses de los administrados”, señala el acuerdo.

Este certamen jurídico fue organizado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través del Centro de Investigaciones Judiciales y la Corte de Tumbes.

Con esta actividad, el Poder Judicial contribuye a unificar la jurisprudencia nacional e incrementar los estándares de seguridad jurídica en el país.