El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción analizó este miércoles, en parte, el pedido de prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Martín Vizcarra por los presuntos sobornos que habría recibido de las empresas Obrainsa e ICCGSA, cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014). El requerimiento fue realizado por el Ministerio Público la semana pasada.
La jueza María Álvarez inició la sesión a las 9:30 a.m., pero hubo interrupciones debido a que aún se había informado sobre los documentos que presentó, minutos antes, la defensa de Vizcarra, Fernando Ugaz. Se trataba de un escrito en respuesta al pedido de prisión preventiva y otro escrito “ampliatorio”, según detalló el abogado.
Al retomar la audiencia, el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato y a cargo de la investigación, tuvo problemas de conexión hasta en tres oportunidades, lo que llevó a suspender la sesión nuevamente por un corto tiempo.
El debate
Durante siete horas, los dos primeros requisitos para la prisión preventiva fueron puestos a debate en la audiencia: los graves elementos de convicción y la prognosis de la pena mayor a cuatro años.
Sobre el primero, el fiscal presentó las nuevas pruebas para imputarle a Vizcarra los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.
Juárez mostró los registros de llamadas brindados por la empresa Telefónica entre el expresidente y Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa; Fernando Castillo y Rafael Granados, de ICCGSA; y el exministro de Agricultura José Hernández. Las comunicaciones se dieron en fechas que coinciden con las reuniones entre Vizcarra y los empresarios, así como con los días en que se hicieron las presuntas entregas de dinero, como lo había informado hace unos días la Unidad de Investigación de El Comercio.
El abogado del expresidente calificó dichas pruebas como un “teléfono malogrado” al asegurar que no hay llamadas en momentos importantes como las licitaciones y consideró que “se necesita elevar el estándar de corroboración”.
Además, criticó que solo Vizcarra esté siendo procesado por este caso y el resto de implicados -aspirantes a colaboradores eficaces- vayan a ser investigados “en un cuaderno reservado” aparte.
El fiscal también expuso las boletas por los “servicios ficticios” que habría emitido ICCGSA a favor de la empresa MZARQ EIRL para justificar la salida del dinero de la constructora. Otro de los nuevos elementos de convicción fueron los registros migratorios de los funcionarios bolivianos que viajaron en una avioneta alquilada por Obrainsa para una reunión con Vizcarra en el 2013.
“De estos movimientos migratorios adjuntados como elementos de convicción no aparece el ingreso en las fechas que dieron lugar el alquiler de la avioneta en diciembre del 2013, no aparecen entradas y salidas del país como sí aparece a otros países […] lo que hace colegir que estos no llegaron en visita oficial o por una cuestión de ceremonia”, señaló el fiscal.
Sobre el pronóstico de la pena, Juárez estimó que en una eventual acusación contra Vizcarra, se solicitarían 34 años de cárcel para el expresidente por los tres delitos que se le imputan. Ugaz rechazó este argumento al señalar que “es un caso concreto donde lo único que se está pretendiendo es un tema de cohecho”.
Este jueves la jueza Álvarez reanudará la audiencia y revisará el último requisito de la prisión preventiva: el peligro procesal, que comprende el posible peligro de fuga y de obstaculización. El expresidente deberá demostrar su arraigo laboral, familiar y domiciliario, así como sus condiciones económicas.
Tras esto, la jueza deberá emitir la decisión respecto al futuro del expresidente, quien actualmente postula al Congreso con Somos Perú.
Días antes, Vizcarra envió un oficio al embajador de Bolivia asegurando que no solicitará asilo político ante su embajada “ni ante ninguna otra”.
Fuente: El Comercio
