Por: Miguel Cavero Velaochaga (Abogado. Director de Inmobilex)
Hasta la actualidad, la conciliación no cumple los objetivos de ser un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que reduzca la carga procesal del Poder Judicial; que le evite al ciudadano recurrir a este para solucionar sus controversias; por ello deberían evaluarse alternativas de reforma institucional en este poder del Estado en atención a lo señalado.
Según un informe estadístico del Poder Judicial (https:// bit.ly/3orTpOx) a setiembre del presente año, la Corte de Lima era la más grande del país, con 309 dependencias judiciales (11.6% del total), lo que permite inferir que esta corte recibiría la mayor cantidad juicios civiles originados por ejecución de contratos inmobiliarios (compraventa, garantías, arrendamientos, etcétera), posesión, desalojo, entre otros, cuya pretensión se refiere a derechos sobre inmuebles. A los aludidos, debemos agregar los procesos penales sobre extinción de dominio, ejecutados según Decreto Legislativo 1373 y su reglamento, en los que están inmersos inmuebles adquiridos como resultado de actividades ilícitas, incluyendo sus partes integrantes, accesorios y frutos.
La dimensión de la carga procesal de la Corte de Lima, que incluye los juicios referidos a inmuebles, guarda relación con el mercado inmobiliario y el universo de predios “formales o informales” que existen en Lima y que por alguna razón residual necesitan recurrir al órgano jurisdiccional. Son ejemplo de casos de programas de reforma institucional, el de Cofopri y su sistema de titulación que permitió reducir el número de entidades involucradas en la formalización de propiedad a 2; desde “trabajos de campo” para definir derechos de propiedad sobre el suelo y luego validarlos en gabinete hasta su titulación y registro, a diferencia del sistema anterior (municipal) que titulaba sin registrar.
Otro caso es el programa ‘Sunarp en tu pueblo’ por el que esta entidad brinda “in situ” servicios de orientación, publicidad, calificación e inscripción registral de diversos actos y contratos, con la participación de registradores públicos, asistentes registrales, abogados y otro personal de las zonas registrales del país.
En suma, las estrategias territoriales de “filtro previo in situ”, desconcentración y en general todas en las que exista “presencia del Estado”, siempre generarán resultados positivos, no solo en la imagen institucional. sino también en la reducción de toda “masa crítica conflictuosa” o sobrecarga de las entidades públicas, beneficiando al ciudadano, usuario o justiciable, si hablamos del Poder Judicial.
Fuente: El Peruano
