El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, envió una misiva al presidente de la Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, Anthony Novoa, detallando las negativas consecuencias financieras que tendría para el país de un nuevo retiro masivo de los fondos de los afiliados a las AFP.
También manifiesta que el BCR no puede supeditar sus operaciones monetarias para tratar de evitar los efectos negativos de una propuesta legislativa, puesto que ello podría, dependiendo de las circunstancias, ir en contra de su finalidad constitucional de preservar la estabilidad monetaria del país.
Subraya que la credibilidad del BCR se debilita si no cuenta con la independencia para operar sus instrumentos monetarios de acuerdo a su mandato de preservar la estabilidad monetaria. Por ello, considera inconveniente la solicitud que planteó el presidente de Economía en un oficio dirigido al BCR sobre la viabilidad de que el ente emisor realice operaciones de repo con los fondos de pensiones.
Los retiros
En la misiva, Velarde señala que, entre abril y julio del 2020, debido a los decretos de urgencia que lo autorizaron por la pandemia, se retiraron fondos de pensiones por un monto aproximado de S/ 24,000 millones, principalmente mediante la liquidación de sus inversiones en el exterior (S/ 10,000 millones),en bonos soberanos (S/ 8,000 millones) y en otras inversiones locales y con contribuciones netas (S/ 6,000 millones).
Con ello, y teniendo en cuenta otros factores como efectos valuación, el portafolio de las AFP se ha reducido significativamente de S/ 173,000 millones en febrero a S/ 152,000 millones a setiembre. Luego de estas operaciones, el portafolio líquido de los fondos de pensiones también se ha reducido considerablemente y las AFP han dejado de adquirir activos de largo plazo y poco líquidos por la posibilidad que se autoricen nuevas medidas de retiro de fondos de pensiones.
Ello viene perjudicando a los afiliados ya que se pierden oportunidades de inversión por la incertidumbre que las propuestas legislativas conllevan, indica la misiva.
En ese contexto, y con el objetivo de evitar la venta masiva de activos por parte de los fondos de pensiones, una corrida contra el bono soberano que traiga consecuencias en el precio del bono y tasas de interés más altas, el BCR realizó operaciones de reporte (repos) de bonos soberanos con los fondos de pensiones.
“El retiro de fondos generó presiones al alza en las tasas de interés de los bonos soberanos porque los inversionistas, sobre todo extranjeros, anticipaban ventas significativas por parte de las AFP para generar efectivo. En plena crisis económica, si los inversionistas hubieran vendido bonos peruanos, comprado dólares y remitidos al exterior, se hubieran tenido alzas abruptas”, señala.
Las operaciones repos son utilizadas en la mayoría de bancos centrales para regular la liquidez del sistema financiero utilizando activos de alta calidad como colateral, como los bonos soberanos. De esa forma, estas inyecciones son un mecanismo de apoyo a los fondos de pensiones para su recomposición en el corto plazo.
Entre mayo y julio se hicieron operaciones de repo con fondos de pensiones por S/ 4,887 millones y a la fecha se han liquidado casi en su totalidad.
Impacto
En la misiva explica que los principales tenedores de bonos soberanos del Perú son inversionistas no residentes en el país por S/ 65,000 millones, que equivale al 55% (hasta el 9 de octubre) del total. Los demás inversionistas son fondos de AFP y bancos.
“La demanda de no residentes por bonos soberanos se recuperó desde mayo, incrementando su participación a la fecha en S/ 5,000 millones, lo cual ha permitido proveer financiamiento al fisco y absorber las ventas de bonos soberanos de los fondos de pensiones sin presionar las tasas de interés al alza”, sostiene.
Por ello, en el futuro, el comportamiento del mercado de bonos soberanos dependerá de la demanda de inversionistas no residentes por activos de economías emergentes, la confianza en la moneda local y la credibilidad en las políticas macroeconómicas.
Déficit fiscal
Velarde señala que los altos déficit fiscales de Perú previstos, de alrededor de 1O% y 6% para este año y el próximo , respectivamente , generados por la crisis del COVID-19 no han sido óbice para mantener la confianza de los mercados.
“Esta confianza de los mercados se puede perder con una nueva reducción de los ahorros previsionales que podría elevar significativamente el nivel actual de la tasa de interés y el tipo de cambio al erosionarse la base de inversionistas de los bonos peruanos y generar ventas masivas de los bonos soberanos”, indica.
Agrega que, por un lado, se reduce la demanda local de bonos soberanos por efecto de la medida, por lo que los inversionistas no residentes disminuirían también sus tenencias de bonos soberanos, generándose una caída en el precio de los bonos peruanos en perjuicio de todos los inversionistas, incluyendo los afiliados que se pretende beneficiar y aquellos afiliados que se quedan en el sistema.
Un menor precio del bono conlleva un mayor costo de financiamiento de la emisión de nueva deuda pública para el estado peruano, haciendo más difícil el proceso de consolidación fiscal de los próximos años y poniendo en riesgo la capacidad de mantener el impulso fiscal necesario para lograr la plena recuperación de nuestra economía.
Advierte que, hacia adelante, se esperaría un mercado financiero peruano con tasas de interés de largo plazo y tipo de cambio más altos y volátiles, por el debilitamiento del rol estabilizador que tienen los fondos de pensiones en los mercados de deuda y cambiario.
Inconveniente
Finalmente, reitera que no es recomendable la aprobación de una norma de retiro adicional de fondos de pensiones. No obstante, de ser aprobada se recomienda que estas sean lo más acotadas y espaciadas en el mayor tiempo posible.
El retiro de hasta una unidad impositiva tributaria por parte de los afiliados sin aportes en los últimos doce meses en el transcurso de un año tendría un impacto acotado en el ahorro previsional, implicaría un menor riesgo macroeconómico y abarcaría a 2 millones de ciudadanos.
Fuente: Gestión
