Por: José Yataco (Abogado. Especialista en Derecho Corporativo)
La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. En tal sentido, debe asegurarse la transparencia en beneficio no solo de los empresarios que compiten entre sí, sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios, que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.
Mediante Resolución N° 0179-2021/TPI-Indecopi, del 10 de febrero del 2021, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi hace un análisis sobre la buena fe en materia de derecho marcario.
Así, para este colegiado, la buena fe representa un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el derecho de la propiedad industrial y el derecho de la competencia.
Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. De ahí que resulta fundamental su transparencia.
En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no solo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral, sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.
Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser –dependiendo en el momento en el que se produzca– alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 (Régimen Común de la Propiedad Industrial); o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.
En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Por ello, la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro mediante el establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado mediante la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.
En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial- Decreto Legislativo N° 1075, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y posregistral:
(i) En la etapa prerregistral se pone de manifiesto por medio de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. En estos casos, la autoridad denegará el registro de un signo solicitado.
El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si durante la etapa prerregistral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.
Ante ello, debe tenerse en consideración que al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es prerregistral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.
(ii) En relación con la etapa posrregistral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando este se hubiera efectuado de mala fe. La Decisión 486 no describe –ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344– qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.
Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.
Fuente: El Peruano
