Por: Álvaro Gutiérrez, socio del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International
Hace poco en un portal periodístico, una exministra de Salud mencionaba que dicho Ministerio “muchas veces (…) trabaja de manera esquizofrénica”. Ello por cuanto una universidad local había logrado desarrollar plantas de oxígeno para atender la creciente demanda de dicho producto, la entidad regulatoria (DIGEMID) había aprobado la comercialización de dichas plantas, pero otra instancia administrativa (Oficina General de Administración) del mismo Ministerio, incluyó un requisito no contemplado en la aprobación de DIGEMID, con lo cual era poco probable que dichas plantas de oxígeno puedan ser adquiridas por… el propio Ministerio de Salud.
Del mismo modo, nos acabamos de enterar que un equipo científico de otra Universidad local no logra la aprobación de pruebas moleculares que ha desarrollado, y que se enmarcan precisamente en la nueva estrategia lanzada por el Gobierno en esta etapa de la pandemia.
Para quienes trabajan en regulación sanitaria esto no es una sorpresa ni novedad. Sin embargo, en una coyuntura nunca antes vista, donde -citando a la actual Ministra de Salud-, continúa la proliferación de “papelitos” (requisitos regulatorios irracionales), mantener estos esquemas de esquizofrenia burocrática solo van a ocasionar mayor cantidad de muertes en el país.
Ello a pesar que al inicio del estado de emergencia se emitieron algunas buenas señales de racionalidad regulatoria por parte del MINSA. Por ejemplo, que las empresas puedan adquirir directamente pruebas rápidas, que se haya aceptado el uso de la ivermectina e hidroxicloroquina cuando inicialmente éstos productos estuvieron vetados, y la aprobación en tiempo récord por parte de DIGEMID del registro sanitario para los ventiladores fabricados por la Marina de Guerra del Perú.
Lamentablemente hemos vuelto a la falta de visión y -sobre todo-, de empatía con la ciudadanía al momento de aprobar normas regulatorias.
Solo dos ejemplos. En esta coyuntura se aprobó una norma para el control la publicidad de -entre otros-, jabones y geles antibacteriales (productos de primera línea para combatir la pandemia, y de muy bajo riesgo sanitario), como si éstos fuesen productos farmacéuticos de venta con receta médica (de alto riesgo sanitario). No había ninguna necesidad de la aprobación de esta norma, o en todo caso, no había por qué incluir dentro de este control a los productos sanitarios, que son de primera necesidad y uso intensivo en la pandemia.
Un segundo ejemplo es el uso del alcohol de 96°. En abril de este año el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) emitió una guía que recomendaba el uso del alcohol de 96°, diluido en agua destilada o agua hervida fría, para obtener alcohol de 70° y que sirva para la desinfección de manos y superficies. Hace pocos días DIGEMID ha emitido un comunicado recomendando el no uso del alcohol de 96°, con lo cual los ciudadanos que adquirieron este producto y lo han venido utilizando conforme lo recomienda INACAL, podrán verse impedidos de continuar con esta utilización, sin contar que las empresas que comercializaban este alcohol no podrían mantener su fabricación debido a la recomendación de DIGEMID.
Otra Ministra dijo al inicio de la pandemia que ante situaciones sin precedentes se requieren también soluciones sin precedentes. Quizá la solución sin precedentes en el sector Salud sea esa reforma integral que tanto se necesita y que no ha sido prioridad de ningún Gobierno.
Sin embargo, es posible iniciar esta reforma con pequeños pasos, por ejemplo, siendo dicho sector más empático y menos esquizofrénico con la población en esta coyuntura, empezando por eliminar en lo posible la mayor cantidad de “papelitos”.
Fuente: Gestión
