Por: Rafael Sánchez Ríos (Asociado del Área de Derecho Civil y Constitucional García Sayán Abogados)
Mientras el mundo se prepara para producir y distribuir la vacuna contra el covid-19, la ciudadanía es testigo de discusiones cada vez más presentes a si se aplicará de manera obligatoria a la población, si se priorizará a los grupos considerados de riesgo, o si se respetará la voluntad de cada uno para decidir sobre su posible vacunación.
Mucho se ha escrito y discutido sobre las diversas opciones que tiene una persona para hacer valer su voluntad y criterio propios, cuando se trata de elegir un tratamiento médico para alguna enfermedad, o si se accede o no a un procedimiento de emergencia necesario para mantenerse con vida (pensemos en el caso de las transfusiones de sangre). Sin embargo, estas discusiones suelen estar circunscritas a situaciones particulares o individuales, en las cuales entra en juego la libertad de una persona frente al deber de un profesional de medicina de desplegar su mejor esfuerzo para mantenerla a salvo.
Sin embargo, pocas veces hemos tenido la oportunidad de discutir cómo se relaciona esta libertad individual de la persona, de decidir acerca del tratamiento por seguir para determinada enfermedad o de acceder a uno u otro mecanismo de prevención, como son las vacunas, en su manifestación colectiva, con la necesidad y obligación del Estado de llevar a cabo las acciones necesarias para la defensa y aseguramiento del derecho a la salud de la ciudadanía en general, velando de esta manera por el bienestar general, especialmente en una situación como la actual, en la que una pandemia castiga severamente a la humanidad en su conjunto.
En ese orden de ideas, parece que existe un debate claro entre dos ámbitos de protección de especial relevancia: el privado, que le corresponde a la persona en ejercicio de su libertad individual de decidir por sí mismo acerca de su vida, integridad y salud; y el colectivo, en el cual existe una obligación especial del Estado por preservar la salud general, poniendo al alcance de sus ciudadanos los mecanismos necesarios para la prevención y cura de las enfermedades que puedan aquejarlos, además de proveer servicios de salud de calidad que permitan la atención a estos males.
En nuestra opinión, existe el marco legal suficiente para que se sustente la obligatoriedad de la vacunación contra el covid-19, cuando exista una vacuna eficaz, segura y efectiva, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La intervención del Estado en el ámbito privado de la ciudadanía, conminándola a la vacunación obligatoria, se encontraría razonablemente justificada por el respaldo científico que da cuenta de la gravedad y alto grado de transmisibilidad del virus que genera el covid-19; además de los graves resultados en cuanto a número de contagios y decesos que experimentamos en el país.
Además, habría que considerar que la vacunación masiva de la población es la alternativa más adecuada para la protección de la ciudadanía en su conjunto, en especial si la comparamos con medidas extremas como el aislamiento social obligatorio o cuarentena, que suponen una contención relativa de la enfermedad y una afectación económica al desarrollo del país, de la cual nos recuperaremos con una década de crecimiento sostenido y mucho esfuerzo.
Ahora bien, debemos tener en cuenta que, si bien resulta razonable y responsable promover la vacunación masiva de la población, también hay argumentos que faciliten sostener que debe respetarse la libre decisión de los individuos acerca de si desean recibir la vacuna o no. Al respecto, la dificultad que se advierte de manera clara es cómo conciliar la protección de la salud colectiva sin afectar irrazonablemente la libertad individual de los ciudadanos.
Una alternativa viable y razonable podría resultar el establecimiento de la vacunación obligatoria para las personas consideradas en los grupos de riesgo, según las recomendaciones de la OMS, además de incluir la vacuna en el esquema de vacunación de los menores de edad y especialmente en los recién nacidos, atendiendo a la especial protección que deben recibir al iniciar su vida en este escenario de pandemia. Ello sin dejar de lado a los que están enfrentándose a la enfermedad en la primera línea de batalla, como médicos y enfermeros.
Esta alternativa, junto con medidas que promuevan la vacunación voluntaria –por ejemplo, la vacunación como requisito para ingreso al Perú u otro país que imponga una medida similar– podrán resultar adecuadas para generar que la mayor cantidad de ciudadanos acceda voluntariamente a la vacuna. En cualquier caso, no debemos de perder de vista que la labor del Estado, como difusor de información veraz y científicamente respaldada, será fundamental para vencer los temores naturales que la vacunación genera y asegurar la consecución de los objetivos de protección de la salud pública que se trace en un futuro cercano.
Fuente: El Peruano
