El presidente de la Comisión Tributaria de la CCL y socio de Hernández y Cia. Abogados, Leonardo López, recalca que más bien tendría que pensarse en mecanismos que eviten dichos procesos.
El ministro Pedro Francke señaló que con la reforma tributaria que plantea el Gobierno se incrementaría hasta en 4 p.p. el PBI. ¿Esto es posible?
Sí, es posible si consideramos que el PBI refleja la producción del país y que se mide a partir del consumo y del gasto público. Y si se está pensando en una reforma tributaria que va a generar más ingresos al Estado y que ello se va a destinar a mayor gasto público, por ejemplo, en salud, educación, etc., eso definitivamente va a influir en el PBI.
Habrá que ver cuáles son las medidas que comprende dicha reforma tributaria, a fin de definir si lo que se quiere es tratar de generar más ingresos para incrementar el gasto público y/o promover el consumo.
Uno de los puntos de la reforma es la simplificación de regímenes para pequeñas empresas. ¿Qué debería considerar esta medida?
Los regímenes actuales, que se aplican considerando los ingresos y no las utilidades, han fomentado el enanismo de las empresas. El fracaso de estos se debe en gran parte a que su tributación está basada sobre ingresos, los cuales no son un fiel reflejo de manifestación de riqueza y capacidad contributiva.
La verdadera expresión de riqueza está sobre los resultados, sobre la utilidad, entonces deberíamos optar por regímenes simplificados y sencillos que beneficien la tributación sobre lo que efectivamente ganan las empresas (ingresos menos gastos), que contemple, a lo mejor, tasas progresivas.
Además, tributar sobre resultados contribuye a la formalización, así, las microempresas van a estar preocupadas por sustentar sus gastos y van a exigir comprobantes de pago a sus proveedores, por ejemplo.
¿Considera viable un impuesto especial a la minería?
Depende de en qué va a consistir este impuesto especial a la minería (que está evaluando el Gobierno). Ello, porque hoy en día la minería tiene una tributación razonable y competitiva y si las empresas tienen más utilidades van a tributar más, de acuerdo al Impuesto a la Renta.
Insisto, habrá que ver cuál es la propuesta y si es viable en los términos actuales en que nuestra economía necesita reactivarse.
Es cierto que el Estado tiene el derecho de crear tributos. Sin embargo, estos tienen que ser razonables y acordes al contexto económico. La viabilidad de una propuesta como esta va a depender de los alcances del proyecto y para eso es importante que esta reforma pase por el Congreso.
Si bien el Ejecutivo tiene la capacidad para crear tributos vía delegación, tal capacidad le corresponde de manera originaria al Congreso.
Creo que debemos dejar de lado esta política de legislar en materia tributaria vía el Poder Ejecutivo, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, sobre todo si estamos hablando de una reforma integral.
Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es presentar sus proyectos de ley ante el Congreso y ahí se debatirá y decidirá si son lo mejor para el país. La sociedad civil, los gremios empresariales y el sector privado debemos exigir que la reforma tributaria se debata en el Congreso.
De otro lado, ¿Cómo combatir la evasión y elusión fiscal?
Se pueden tomar una serie de acciones. Creo que tenemos un marco legal bastante potente para luchar contra la evasión y elusión fiscal. Ya desde hace algunos años tenemos una cláusula antielusiva, reglamentada, por ejemplo.
Entonces, creo que los instrumentos legales para combatir la evasión y elusión están ahí. El tema pasa más bien por las acciones de fiscalización y para eso se necesita decisión para llevar a cabo dichas acciones, con recursos económicos y recursos humanos calificados, en esto último tenemos que invertir.
El MEF anunció que se están preparando juzgados especializados para resolver procesos tributarios. ¿Será suficiente para acelerar la resolución de controversias?
Primero, creo que hay un tema de formas. Me parece poco elegante que el MEF planteé ello, porque en las controversias tributarias, cuando un contribuyente lleva un caso al Poder Judicial (PJ), las contrapartes son, por un lado, el contribuyente y, por el otro, la Sunat y el MEF.
Entonces, que sea la contraparte de tales procesos la que esté coordinando la creación de una nueva sala no suena bien. Me gustaría, ver, por ejemplo, al Ministerio de Justicia haciendo esas coordinaciones con el PJ.
Segundo, creo que es un paliativo insuficiente. Según un estudio que hizo Macroconsult convocado justamente por la CCL, tenemos una deuda tributaria de cerca de S/ 118.000 millones, de la cual casi S/ 40.000 millones está controvertida, es decir, es deuda contingente, que no necesariamente el Estado va a poder cobrar.
El problema es cómo hemos llegado a ese nivel de controversia, hay muchas razones. La primera es la calidad legislativa. A veces, lamentablemente, la norma tributaria no tiene la mejor calidad y da lugar a interpretaciones que generan conflictos, los cuales terminan en los tribunales.
Y, si además resulta que esas normas no son aplicadas por operadores del derecho, como ocurre hoy en día durante las fiscalizaciones, pues el tema se agrava. A eso se le agregan las demoras que existen en la misma Administración.
Si bien la medida de crear más juzgados especializados puede ser un paliativo, creo que no ataca el fondo del asunto que es mejorar nuestra calidad legislativa, mejora la calidad de las fiscalizaciones y reducir los plazos para resolver los conflictos.
El promedio en Latinoamérica es de 3 meses, mientras que, en el Perú, la Sunat tiene 9 meses, el Tribunal Fiscal hasta 12 meses y el Poder Judicial no tiene plazos.
De otro lado, no hay mecanismos que incentiven evitar las controversias, podría pensarse en algunos. Por ejemplo, si tú me pagas la deuda que yo te he determinado, entonces yo te ofrezco que los 6 primeros meses se actualice en función de un interés moratorio menor y después en función al índice de precios del consumidor (IPC).
La CCL, pensando en ese gran bolsón de deuda tributaria contingente que existe y el gran número de controversias, ha propuesto que se dicte una ley para que los contribuyentes que hoy están litigando, dejen de hacerlo a cambio de reducirles la deuda, la que puede ser actualizada en función al IPC (inflación) y, si se paga de inmediato, se le da un descuento por pronto pago.
Esta es una propuesta que, según un estudio de Macroconsult, podría significar una recaudación de más de S/ 10.000 millones, un número importante a nivel macroeconómico.
¿Qué más hacer para aumentar los ingresos fiscales?
Para aumentar los ingresos fiscales deberíamos buscar una reforma (tributaria) que reactive la economía. La tributación depende de la riqueza, no de las normas, de nada sirve que yo ponga una tasa de 50% o 60% de Impuesto a la Renta si no hay actividad económica que genere renta que sea susceptible a ser gravada.
La clase menos favorecida del país ha sido la más golpeada económicamente por la pandemia, entonces por qué no pensar en reducir el IGV y buscar recaudación donde esta no existe, esto es, en el sector informal, que representa cerca del 70% de la economía en la actualidad.
Creo que las medidas deberían ir por ese lado y no por incrementar tasas y generar más presión tributaria sobre la que ya tiene la formalidad.
Fuente: La Cámara (CCL)
