Hechos por los que el CNM debe suspender temporalmente al Fiscal de la Nación. La semana pasada lo fue el ex fiscal Superior Decano Dante Farro, cuyo enriquecimiento arroja indicios de ser ilícito. Un tercer fiscal debe ser apartado: el que investiga La Centralita, Marco Miguel Huamán.
Ante un pedido de la Procuraduría Anticorrupción, la Fiscalía Suprema de Control Interno, a cargo de Nora Miraval, ha abierto proceso disciplinario a Dante Farro, quien fuera el jefe de los fiscales del Santa durante la gestión del presidente regional César Álvarez. También lo abstuvo en el cargo: mientras duren las investigaciones, no ejercerá. Aunque la acusación más común contra Farro es que en 2011 pretendió impedir el allanamiento de La Centralita, un supuesto centro de operaciones ilícitas de Álvarez, el cargo más grave es que pertenecía a la organización delictiva que es procesada por numerosos delitos. La hipótesis es que cobraba un sueldo como parte del aparato legal encargado de garantizar su impunidad.
La importancia de la investigación a Farro radica precisamente en que era la bisagra entre Álvarez y los fiscales supremos que hoy están investigados por una supuesta actuación de favorecimiento al poder regional. Son el actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos, y su antecesor, José Antonio Peláez.
La aparición de un audio con evidencias de que Ramos, cuando era jefe de Control Interno, tenía amañado un proceso contra el fiscal Julio César Checa –a quien Álvarez había denunciado–puso todos los reflectores sobre el actual conductor del Ministerio Público. En su caso las sospechas concierten a una supuesta inconducta funcional. Nadie ha dicho, como se ha afirmado respecto de Farro, que Ramos estuviera sobornado por una mafia. Pero una investigación a fondo debería descartarlo. Porque Farro, por sí solo, no garantizaba la impunidad.
La investigación a quien fuera fiscal superior decano del Santa viene acompañada de evidencias, también señaladas por la Procuraduría Anticorrupción al Ministerio Público, de que Farro mintió en su declaración jurada de bienes y rentas durante el período correspondiente a la gestión de Álvarez. Los pormenores son sorprendentes.
Los ahorros de Dante Farro aumentaron exponencialmente entre 2008 y 2013. Con un ingreso promedio de 15,500 soles para los seis años, sus depósitos subieron de 5,500 soles en 2008, a 110,000 en 2013. Entre 2011 y 2012 hubo un salto de 11,700 a 60,000 soles ahorrados, y desde ese nivel al doble en el último año. El fiscal no acreditó ningún otro ingreso que pudiera explicar el aumento de los fondos.
Un aspecto contradictorio de la declaración de bienes del fiscal lo exhibe la depreciación que hizo de un departamento en San Borja, Lima. Lo autovaluó en 191,400 soles en 2010 y en 2013 la estimación había bajado a 72,659 soles, un 72% menos que lo declarado anteriormente. De acuerdo con un análisis de la Procuraduría, el origen de los fondos para detentar este bien no está claro, aunque Farro ha declarado que proceden de la venta de una propiedad en La Molina, en 2008. El dinero lo entregó a su hijo, con el que este compró el departamento de San Borja teniéndolo durante más de tres años a su nombre, aunque el verdadero propietario era su padre, el fiscal. Aun explicando la fuente financiera, la agresiva depreciación solo parece tener sustento en la intención de disminuir el desbalance patrimonial.
Tampoco ha acreditado Farro la forma de pago de un departamento en San Miguel, declarado en 2009 por un valor de 40,275 soles. Según el fiscal fue financiado con fondos de Mi Vivienda, pero no lo demostró documentalmente, conforme señalaron miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que lo evaluaron para su ratificación, en 2012. Ese año, una minoría de tres de siete miembros del CNM expresaron reservas sobre sus declaraciones patrimoniales, en la sustentación del voto contrario a su ratificación. Por otra parte, viajes al exterior que ha realizado el magistrado no tendrían respaldo en sus ingresos regulares, o por lo menos la justificación no está a la vista. La Procuraduría pidió investigar el origen de los recursos que solventaron viajes al exterior de Farro a Colombia, Costa Rica y México.
La investigación solicitada por la Procuraduría Anticorrupción determinará inequívocamente si los bienes y fondos del fiscal Farro fueron bien habidos. Comprende el levantamiento del secreto bancario de él y de sus familiares directos, la auditoría de su movimiento migratorio, la tasación y antecedentes financieros de sus propiedades, entre otras diligencias. De acuerdo con el testimonio de un colaborador ante una fiscalía, Álvarez habría pagado 30 mil soles mensuales a Farro. Según la resolución de Control Interno firmada por Miraval, entre los cargos que se imputan a Farro figura el de pertenecer a la organización criminal de Álvarez a cambio de un beneficio económico, con la misión de hacer fracasar las investigaciones legítimas contra la autoridad de los fiscales bajo su mando. Desde la época de Blanca Nélida Colán un miembro prominente del Ministerio Público –Farro presidía una Junta de Fiscales Superiores– no es imputado de estar a sueldo de una organización criminal.
La situación de Farro se ha agravado por lo que revelaron sus llamadas telefónicas. Estaba en continua comunicación con José Luis Espinoza, un operador de César Álvarez y abogado de Heriberto Benítez. Mientras Control Interno determina qué hacer con su caso, el Fiscal de la Nación personalmente es quien, de acuerdo con sus atribuciones, llevará a cabo la investigación sobre su supuesto enriquecimiento ilícito que le ha solicitado la Procuraduría Anticorrupción la semana pasada. Salvo que decida no aceptar el pedido, algo a estas alturas impensable. Lo tendrá que hacer. Y entonces, cuando empezamos a considerar quién investiga a quién en este complejo caso, se advierte la gran distorsión.
Pues a Farro debe investigarlo la cúpula que de acuerdo con todos los indicios apadrinó a Álvarez hasta extremos insostenibles. Ahora mismo, el Fiscal de la Nación está investigado en el CNM, en varios procesos, porque habría usado su cargo de jefe de Control Interno para sancionar a fiscales que allanaron el local de La Centralita, y por no sancionar la conducta de quienes, como Farro, fueron cómplices de Álvarez. El congresista Modesto Julca acusó a Ramos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionalesconcretamente por no investigar a Farro. El 17 de agosto del 2012 Julca entregó a Ramos documentación de veinte denuncias en contra del jefe de los fiscales del Santa. No hizo nada. La más conocida de ellas es que Farro intentó disuadir a los fiscales que iban a intervenir La Centralita con el argumento de que Álvarez tenía mucha influencia “con dos fiscales supremos”. De acuerdo con otra de las denuncias, había una bolsa para pagar a jueces y fiscales en el Santa. ¿Cómo así Ramos, quien nunca esclareció esto, va a investigar ahora el enriquecimiento ilícito de Farro?
Por otra parte, supóngase por un momento que el CNM encuentra responsable a Ramos de los cargos que se le hacen. Habría razón para pensar que la misma lógica encubridora que hubo para favorecer a Álvarez antes de que fuera detenido, la existió después para dirigir las investigaciones que se le siguen, incluyendo la búsqueda de responsables dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Hay forma de corregir la distorsión? La única manera es que el CNM abstenga a Ramos mientras dure la investigación en su contra. Del mismo modo en que Control Interno dispuso la abstención de Farro.
Un tercer fiscal merece la abstención: Marco Miguel Huamán, a cargo justamente de las investigaciones de La Centralita. En junio pasado se reunió impropiamente con un ministro de Estado, el titular de Justicia, Daniel Figallo. Ha hostilizado al principal colaborador eficaz, el 001, al punto que este rompió sus relaciones con el Ministerio Público. Cuando el policía Wilmer Mejía entregó un audio indicativo de que Ramos Heredia direccionaba la investigación contra un fiscal anticorrupción, Huamán se negó al pedido de la Procuraduría Anticorrupción de que se envíen al CNM y al Congreso copias de este material probatorio. Son las instancias en las que se investiga a Ramos. Huamán las derivó a Control Interno, donde son inútiles, pues carece de atribuciones para investigar a un Fiscal de la Nación.
La República
