Por: Carlos Samamé, Abogado. Socio de Benítez, Vargas & Ugaz Abogados.
No cabe duda de que nuestro sistema de administración de justicia viene siendo sometido a una constante crisis de capacidad de algunos de sus funcionarios, incumpliendo la función que se les encomendó, logrando una lenta, deficiente y parcial administración de justicia; y por ende, dañando la imagen del órgano al que representan, perjudicando la credibilidad de los usuarios y llenando de incertidumbre a la población en general. Todo ello, en desmedro del Estado de derecho.
En ese contexto, es de advertir recientemente situaciones que revelan sus carencias. Desde juzgados penales que absolvieron a un investigado por violación considerando el uso de la víctima de una trusa de color rojo con encaje, la liberación de una persona que atropelló a una fiscalizadora de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), debido a meros trámites administrativos, hasta la evidente inacción contra delincuentes que prácticamente tienen tomadas ciertas zonas o distritos de la ciudad. Pero esta circunstancia es continua, ya que basta ver lo infectado que se encontró por años el Consejo Nacional de la Magistratura y personajes de la Corte Suprema y Fiscalía Suprema, al punto de que muchos de sus miembros son investigados bajo cargos de haber integrado organizaciones criminales, como en las épocas de Vladimiro Montesinos que creíamos superadas.
¿A qué atribuimos ello? ¿Por qué el desvalor de ciertas autoridades podemos entenderlo como falta de conocimiento, criterio al resolver u otro aspecto? ¿Es suficiente que estos ostenten diplomas, acreditaciones, publicaciones, perfeccionamiento a escala nacional e internacional, acceso a la tecnología, gocen de buenos sueldos, apoyo de auxiliares, etcétera, para estar al frente de una magistratura? Consideramos que no. Entonces, por ahí no se entendería la problemática.
Pero si pasamos a analizar aspectos morales, éticos, conocimiento de lo que representa la función jurisdiccional, deficiente formación profesional (pese a los títulos), podríamos vislumbrar una respuesta. Sin embargo, la reforma de esta pasa por acciones mediatas e inmediatas. La primera va destinada al ambiente educativo, universitario, esto es, a difundir y profundizar en los claustros lo mucho que importa la administración de justicia, la labor jurisdiccional, preparar al alumnado para las actividades que desempeñan jueces y fiscales, etcétera. La segunda va dirigida, como plan de emergencia, a establecer un perfil de operador de justicia. Tiene que ser alguien conocedor del precepto y que se sienta comprometido con administrar justicia y ser servidor público. En fin, además de las cualidades éticas, deben ser personas con una sólida formación humanista, cultas; solo de ese modo están en mejor capacidad de entender los problemas de las personas y darles soluciones justas.
Igualmente, resulta necesario que la Junta Nacional de Justicia, además de evaluar, medir y examinar la especialidad y operatividad de los postulantes y de aquellos que optan a ratificaciones en la magistratura, incida en aspectos morales y éticos que establezcan criterios para resolver una situación determinada, que simplifiquen los procedimientos administrativos que rodean a la labor de los operadores y establezcan mecanismos de control.
A ello debe sumarse la presencia de los líderes de cada institución que encarnen moralidad, eficiencia, veracidad y sean abanderados de esa lucha que permita aproximar la realidad a aquello que la sociedad requiere: justicia.
Ahora bien, es evidente que la tarea es ardua, pero siempre se nos ofrece la oportunidad de empezar. La crisis por la pandemia ha revelado soluciones –o principios de solución– que creíamos lejanas. Las autoridades judiciales y fiscales dictaron una serie de normas administrativas que han limitado el acceso de toda persona y, por ende, de los justiciables a los locales y despachos.
En ese contexto, se ha hecho evidente que la informática (entendida como el uso de métodos técnicos que se ocupan del tratamiento y automatización de la información judicial) y el uso de recursos virtuales en el desarrollo de las actividades de los operadores de justicia también pueden ser un mecanismo que permita garantizar la legalidad, justicia e imparcialidad en las decisiones.
Digitalizados los expedientes y carpetas fiscales, los acuerdos plenarios, la jurisprudencia de los tribunales, libros de doctrina, etcétera, y que estos sean actualizados, editados y codificados, en general, podría permitir decisiones o fallos previsibles, evitando inseguridad jurídica y la violación del principio de la predictibilidad. El fin, en sí, es pretender una decisión ordenada, justa y rápida, logrando que se perciba credibilidad, confianza y seguridad institucional.
Fuente: El Peruano
