Luis Miguel Elías, (Socio del área Minera de Rebaza, Alcázar & De Las Casas)
David Baracco, (Asociado Senior del área Minera de Rebaza, Alcázar & De Las Casas)
En el contexto actual, existe una escalada de conflictividad social relacionada a la minería. En los últimos años esta tensa relación, lejos de mejorar, se ha agudizado con importantes efectos adversos en el sector reflejados en diversas paralizaciones de proyectos operativos y la frustración de inversiones en nuevos proyectos, ya en exploración (greenfield) o en la ampliación de proyectos actuales (brownfield).
Por ejemplo, en el último Reporte de Conflictos Sociales emitido por la Defensoría del Pueblo en junio del 2022, se identificaron un total de 88 socioambientales vigentes relacionados a la minería. De la revisión de estas cifras, vemos que tienden a incrementarse junto con los pedidos sociales de las comunidades en la zona de influencia de diversos proyectos mineros.
Esta situación implica la falta de aprovechamiento de las reservas de minerales del país y, por tanto, conlleva a una reducción significativa de la productividad minera, oportunidades de empleo formal, movimiento de la cadena productiva, así como menores probabilidades de recaudación tributaria.
Si bien este escenario ya es desalentador, se ve agravado si tomamos en cuenta que a escala internacional existe un considerable aumento de la demanda de minerales como consecuencia de la tendencia a migrar de fuentes de energías convencionales a fuentes de energía renovable, proceso que requiere importantes cantidades de cobre, hierro, plomo, plata, zinc, litio, grafito, entre otros.
La mayoría de estos productos son característicos de la reserva minera peruana, los cuales podrían ser explotados en mayor medida en el país para cubrir esta demanda internacional si no fuera por la creciente conflictividad social. Este potencial minero se ve evidenciado en que nuestro país mantiene las mayores reservas mundiales de plata, y ocupa el tercer lugar en los casos del cobre y plomo.
En este contexto, es deseable para la economía nacional y por supuesto para cualquier inversionista en minería, priorizar la prevención de conflictos sociales al momento de desarrollar un proyecto minero.
En efecto, resulta evidente que para operar diligente y adecuadamente, ya no bastará con las licencias y autorizaciones otorgadas por el Estado, sino que es igual de importante y necesario obtener una coloquialmente denominada “licencia social” que le permita a la empresa operar conforme a lo proyectado. En ese sentido, proponemos algunas medidas que pueden resultar de interés para prevenir conflictos sociales en el sector minero.
Iniciativas
Transparentar y aterrizar los alcances y expectativas de un proyecto en el contexto de la negociación con los propietarios de los terrenos superficiales. Antes de desarrollar un nuevo proyecto minero, las empresas deberán negociar directamente con los propietarios de los terrenos superficiales donde pretenden llevar a cabo sus operaciones, a fin de acordar los términos de acceso a la zona necesaria o estratégica para su desarrollo. Es importante considerar que, en nuestro país, los propietarios de estas tierras suelen ser comunidades campesinas, indígenas, nativas, o grupos sociales vulnerables.
La estrategia que adopte el equipo de relaciones comunitarias de una empresa minera deberá ser elaborada tomando en consideración las características de las comunidades con las cuales va a negociar, las condiciones geográficas y ambientales de la zona, y los factores propios del proyecto minero. No habrá dos estrategias iguales porque no hay dos comunidades iguales. Esta primera aproximación será esencial para el devenir del proyecto.
Asimismo, es muy importante que las empresas mineras sean transparentes en explicar y tener una estructurada estrategia de comunicación para transmitir los alcances previstos del proyecto, y como ello afecta o influye en la comunidad o la zona de influencia del proyecto. Esta etapa resulta clave para poder trasladar las reales expectativas del proyecto y aquellas que puede tener la comunidad o determinada población sobre el mismo.
Por ejemplo, los ofrecimientos que se realizarán a las comunidades como parte de la negociación, hitos relevantes, etapas, plazos, entre otros aspectos clave del caso concreto. Una distorsión en estos términos podría resultar contraproducente, incitar o acrecentar conflictos sociales.
En ese sentido, resulta importante involucrar en esta etapa a los inversionistas (stakeholders) de los proyectos, y reportarles el estado
de las negociaciones a fin de que tengan claridad de las obligaciones que serán asumidas por la empresa minera respecto a las comunidades.
La estrategia de comunicación y transparencia tanto en el ámbito de las comunidades afectadas por el proyecto, así como la que se realiza aguas arriba hacia los inversionistas u otros stakeholders, es importante para mitigar el riesgo de que aparezcan expectativas irreales o que no resulten viables para el caso concreto. (ii) Implementación de criterios ESG.
Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, también conocidos como criterios ESG, por sus siglas en inglés (Environmental, Social and Governance) son factores que convierten a una compañía en sostenible mediante su compromiso social, ambiental y de buen gobierno, sin descuidar los aspectos financieros.
Estos criterios pueden ser adoptados por todas las empresas mineras, sin excepción, y sirven como un mecanismo estructurado para trazar sus políticas de protección del medio ambiente, la relación con las comunidades del área de influencia de los proyectos y el gobierno corporativo que mantienen. La certificación y acreditación de cumplimiento de estos criterios por terceros independientes también puede ser clave en la difusión y estrategia de comunicación del proyecto hacia comunidades y otros stakeholders.
De esta manera, el cumplimiento de los criterios ESG puede ser un mecanismo muy útil para prevenir, advertir o alertar a una empresa minera sobre posibles situaciones de conflicto social, a fin de atenderlas oportunamente y asegurar la sostenibilidad de sus operaciones.
Conclusiones
Prevenir siempre es mejor que lamentar, especialmente si se trata de lamentar pérdidas importantes en el sector más importante de la economía peruana. Si bien las tensiones entre empresas mineras y comunidades son un problema coyuntural complejo que requerirá de políticas públicas especializadas para abordarlo; lo cierto es que desde la misma empresa se pueden implementar mecanismos que permitan evitar un conflicto a la vez.
Fuente: Jurídica (El Peruano)
