La pandemia del coronavirus (covid-19) trastocó diversos aspectos del quehacer nacional y motivó que las entidades del Estado debieran reformular su labor de servicio a la población, como el caso del Ministerio Público, que aprobó su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 para adecuar su accionar a las actuales circunstancias que vive el país.
El documento establece cinco objetivos estratégicos institucionales (OEI) y el primero de ellos busca incrementar la resolución oportuna de casos fiscales en beneficio de la sociedad. Así, para el 2021 se fija un índice de 58.44% de procesos resueltos, que se eleva a 61.27% en el 2025.
Celeridad
El PEI precisa que la celeridad procesal es un principio que forma parte del debido proceso y tiene relevancia en las actividades procesales a fin de que las diligencias propias de los órganos jurisdiccionales se efectúen sin dilaciones injustificadas. “Esto conducirá a una gestión efectiva, centrada en la optimización del tiempo para la resolución de conflictos”.
“En este contexto, el Ministerio Público aplicará acciones estratégicas que permitan mejorar los procesos judiciales, contar con personal eficaz para el correcto manejo de despachos fiscales, debidamente implementados en sus distintas especialidades, de tal forma que los procesos se resuelvan y ejecuten en un tiempo oportuno en beneficio del justiciable”, detalla el documento.
El segundo reto institucional se vincula a fortalecer la labor preventiva de la Fiscalía de la Nación en el territorio patrio. Para tal fin, desarrollará estrategias que conduzcan a cumplir con la función establecida en la Constitución: la prevención del delito, la lucha contra la delincuencia común en todas sus modalidades, así como enfrentar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, continuando en forma efectiva con la persecución del delito.
“El desarrollo de la función de prevención del delito en el territorio nacional se enmarca en uno de los lineamientos de política del Ministerio Público. Tiene como finalidad enfrentar al delito desde la identificación de los factores de riesgo o causas que originan la comisión de infracciones a la ley penal para la implementación de medidas desde un enfoque preventivo”, precisa el texto.
El tercer OEI busca ampliar el acceso a los servicios que brinda la fiscalía a la población, pues en el Perú las personas encuentran diversas barreras, como las geográficas, económicas, lingüísticas, culturales y otras que no permiten garantizar la plena administración de justicia.
El PEI 2021-2025 determina que el acceso a la justicia debe ser provisto de espacios públicos y mecanismos de apoyo para su atención e inclusión a la población, mediante la habilitación de nuevas fiscalías y unidades médicos legales, del incremento de las unidades de atención a víctimas y testigos, así como la implementación de líneas de acción en más distritos fiscales en el ámbito nacional.
El fortalecimiento de la gestión institucional del Ministerio Público es otro de los objetivos estratégicos y se orienta a desarrollar actividades enmarcadas en los pilares de la política de modernización de la gestión pública, que genere una cultura de cambio en la entidad, cuya finalidad es mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios de justicia.
“Para su realización es primordial impulsar la articulación estratégica, con las políticas de Estado, el desarrollo de una gestión por procesos, la vinculación del gasto con productos y resultados, la búsqueda del personal idóneo y el desarrollo de sistemas acordes con las necesidades internas y externas de información”, agrega el documento.
Al implementar la gestión interna del riesgo de desastres, establecida como quinto objetivo, el Ministerio Público podrá adoptar decisiones oportunas que permitan reducir el impacto de los riesgos asociados a peligros, así como organizar y distribuir las distintas tareas para la prevención asociada a peligros e identificación de vulnerabilidades, de índole diversa, de modo que se haga uso eficiente de los recursos económicos y humanos para mantener el servicio fiscal efectivo.
Acciones
Para lograr los propósitos de los cinco objetivos estratégicos institucionales, el PEI 2021-2025 precisa que se deben implementar 19 acciones estratégicas institucionales, que se identificaron mediante el análisis causal de las variables de los objetivos de manera priorizada para cumplir con las metas propuestas, lo que permitirá establecer factores de cambios en los administrados y en la entidad.
El Ministerio Público considera a los tres primeros OEI como de tipo I: se refieren a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar mediante la entrega y uso de los bienes o servicios provistos.
Mientras, los otros dos son de tipo II, vinculados con las condiciones internas que la institución busca mejorar o fortalecer, como la gestión administrativa del Ministerio Público, así como garantizar la implementación de la gestión del riesgo de desastres, respectivamente.
Por tanto, las acciones estratégicas institucionales relacionadas con los objetivos tipo I se asocian a los bienes y servicios que se obtienen del proceso de producción, y se entregan al ciudadano, entorno o entidades.
Para los OEI de tipo II, se asocian a bienes y servicios intermedios producidos por la entidad para asegurar la consecución de estos objetivos estratégicos (producción de bienes y servicios finales para los administrados), detalla el PEI 2021-2025.
Cobertura
DURANTE EL 2014 existía un total de 1,277 fiscalías a escala nacional, mientras que al 31 de diciembre del 2019 se contaba con 1,429, lo que representa un incremento de 11.9%, precisa el Ministerio Público.
EL NÚMERO DE fiscales, entre titulares y provisionales, subió de 5,574 de finales del 2015 a 7,127 en diciembre del 2019. El crecimiento alcanzó el 27.9%.
EL MINISTERIO PÚBLICO atiende 197 provincias a escala nacional, organizadas en distritos fiscales.
CIFRA
23,104 SERVIDORES TRABAJAN EN EL MINISTERIO PÚBLICO, SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS A DICIEMBRE DEL 2019.
Fuente: El Peruano
