El ministro del Interior, Avelino Guillén, firmó el último 25 de noviembre 13 resoluciones supremas para nombrar a un mismo número de prefectos, funcionarios que a nombre del Ejecutivo supervisan la gestión de las autoridades en gobiernos regionales y municipales. Lo que poco parece haberle importado es que nueve de los designados tienen relación directa con la Fenatep y el Conare-Sute, organizaciones directamente vinculadas al Movadef, y muy cercanas a Pedro Castillo.
A esto hay que añadirle que el encargado de presentar las propuestas para los cargos de prefectos es el director general de Gobierno Interior, que en este caso es el profesor chotano José Segundo Rafael Heredia. Es decir, un paisano y colega del presidente Pedro Castillo, quien también tiene título de docente y es el líder de la Fenatep.
Los prefectos se encargan de fiscalizar las actividades políticas de las autoridades regionales, como subprefectos, tenientes gobernadores, alcaldes y gobernadores regionales, pero en realidad la experiencia nos dice que se dedican a hacer campaña política en favor de su jefe supremo. Perciben un sueldo de S/4,200.
Para ser prefecto solo se requiere ser mayor de edad, no tener antecedentes penales ni afiliación política. Son requisitos mínimos que han sido aprovechados por el gobierno de Castillo para ubicar, en su mayoría, a sus allegados más radicales.
Aunque son funcionarios, algunos de estos servidores no ocultaron su cercanía con Perú Libre y el gobierno de Castillo.
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Los prefectos de Fenatep
De los 13 designados, hay 9 casos particulares. Por ejemplo, la prefecta de Áncash, Manuela Elizabeth Méndez Rojas, es subsecretaria general del Conare-Sute de Recuay.
Méndez es conocida por ser una de las más radicales activistas de esa organización y, en tiempos electorales, se le designó como la cabeza del comando de campaña en Áncash de Pedro Castillo.
Tras ser designada como prefecta, lo primero que hizo fue expresar su preocupación sobre “la derecha recalcitrante y los grupos de poder” y aseguró que “estamos en el gobierno, pero no nos dejan gobernar”.
También está el caso del prefecto de Moquegua, Guillermo Edgard Rea Tito, quien junto a Castillo impulsó las protestas magisteriales de 2017 contra el gobierno del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski.
Rea apoya a la Fenatep, es secretario del Suter y amigo cercano del hoy jefe de Estado. Su nombre figura en el informe “Infiltración del Movadef en algunas dirigencias del magisterio”, presentado en 2017 por el entonces ministro del Interior Carlos Basombrío, en el que se identificó a los promotores de la huelga de maestros. Edgar Rea fue detenido ese año por haber bloqueado carreteras.
Lucinda Quispealaya Salvatierra, prefecta de Junín, tiene relación con el secretario y dueño del partido de gobierno, Vladimir Cerrón. Fue consejera regional de Chupaca durante la primera gestión de Cerrón como gobernador y actualmente es investigada por presunta malversación de fondos en la transferencia del presupuesto del hospital de Chanchamayo. A Quispealaya se le suma Eudis Pedro Laureano Salinas, de Pasco.
Laureano aseguró que es “parte de la Fenatep” y que la confianza de su cargo se la dio el propio presidente Castillo. “En este gobierno no hay actos de corrupción, menos por parte del presidente. Aquí se pretende atentar contra la voluntad popular del pueblo”, manifestó a este diario de manera muy leal sobre la propuesta de vacancia presidencial.
Otro caso es el de Edwar Lenin Chuquilín Hernández, prefecto de Cajamarca. Dirigentes de Perú Libre en esa región indicaron “desconocemos a Chuquilín como prefecto nacional”. El secretario provincial de Perú Libre en Contumazá (Cajamarca), Víctor Llerena, aseguró que no lo conoce y que no estuvo “ni en primera, ni en segunda vuelta, ni en los cien primeros días de gestión del presidente”. “(Edwar Chuquilín) es amplio defensor de (Francisco) Sagasti y apasionado de la premier (Mirtha Vásquez Chuquilín). Por ello tendría cierta familiaridad”, señaló. Lenín Chuquilín negó en comunicación con este diario el parentesco con Vásquez.
Roger Apolinar Ortiz, de Lima Provincias (se reunió con Castillo en Palacio); Ronal Llanos Gálvez, de Amazonas (acompañó al presidente en las zonas afectadas por el terremoto); y el prefecto de Puno, Roger Narciso Puraca Soncco, son miembros de la Fenatep. Rubén Quispe Ventura, prefecto de Ayacucho, es militante de PL y recolecta firmas para el cambio de la Constitución.
Carlos Morán, exministro del Interior, sostuvo que si bien estos cargos son de confianza, los requisitos como “el no tener afiliación política” casi nunca se respetan. Queda claro que a Castillo tampoco le interesa hacerlo.
Fuente: Perú 21
