El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) presentó el documento denominado “Seguimiento de la Política Criminal del Estado” que, de manera conjunta, contiene cifras que reflejan una mejora moderada en varios indicadores importantes (percepción de inseguridad y homicidios, confianza), en tanto otros requieren una mayor intervención para revertir su situación (consumo de drogas y trata de personas).
El objetivo del documento, elaborado por la Dirección General de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH, a través del Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA, es evaluar los avances en materia de la incidencia delictiva en el país.
En la presentación del documento participó el viceministro de Justicia, Jimmy Quispe, quien comentó que, desde el año 2021, se asumió la tarea de verificar el avance de los indicadores priorizados de los diversos instrumentos de gestión formulados e implementados por los sectores del Estado con el fin de combatir los delitos acaecidos en el territorio nacional.
Agregó que este segundo reporte, que actualiza las métricas presentadas en la anterior edición, examina 29 indicadores provenientes de nueve políticas públicas desde el año 2016 al 2021, y ofrece, a su vez, datos para que quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones y la ciudadanía puedan conocer cómo las políticas y planes están actuando sobre el fenómeno de la criminalidad.
Destacó, asimismo, la importancia de dar seguimiento a la política criminal, en vista de que, tan necesario como formular soluciones es saber desde qué nivel partimos, con la finalidad de compararnos con otros países y con nosotros mismos en el tiempo y, de esa manera, replicar y fortalecer respecto de lo que estamos haciendo bien y cubrir lo que nos falta por mejorar.
En el acto de presentación participaron Beyker Chamorro, director general de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH; Anibal Sánchez, sub jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática y presidente del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC; Percy Castillo, adjunto (e) para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo; Bertha Prado, investigadora de la Universidad de Málaga; Rossy Gal’Lino, directora Ejecutiva de la Asociación COMETA, entre otros.
