El Ministerio de Trabajo someterá a una reingeniería a la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil). También se evalúan cambios en el arbitraje potestativo que se usa en la negociación colectiva.
ENTREVISTA
Fredy Otárola Peñaranda, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
¿Cuál es el principal objetivo que tiene la cartera a su cargo?
Mantener la paz laboral. Es decir, ser una entidad que permita que los empresarios y trabajadores puedan solucionar sus conflictos que, naturalmente, existen. Además consolidar el crecimiento y salir del enfriamiento en el que está la economía.
¿Qué medidas implementará su despacho para cumplir los objetivos?
El Ministerio de Trabajo es un intermediario entre ambas fuerzas (trabajadores y empresas cuando hay conflictos). Estamos afinando el engranaje, somos proactivos y hemos solucionado varios conflictos en los últimos meses (35), que abarcan a 27,500 trabajadores sindicalizados.
¿Cuál es la meta que se ha propuesto su cartera sobre el desempleo?
El nivel de desempleo se mantiene por debajo del 7% y no aumentó pese al enfriamiento de la economía. La mejor forma de enfrentarlo es con el crecimiento. El ministerio tiene agresivos programas de capacitación para ese fin.
¿Habrá un cambio en lo que respecta a la legislación laboral?
Por el momento, no. Tengo entendido que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podría estar evaluando algunas normas.
Los trabajadores y empresarios analizan sus necesidades desde puntos de vista distintos. Los empresarios piden flexibilización y los trabajadores señalan que se desconocen sus derechos y que las normas ya son flexibles.
¿Cuál es su opinión?
Vamos a actuar con mucho tino. No vamos a frenar el crecimiento, pero tendremos cuidado con respetar los intereses laborales. Que haya la plena seguridad de que se promoverá no solo el empleo sino también la inversión.
¿Qué cambios son los que trabaja el MEF?
He escuchado comentarios de los empresarios de que se está trabajando, y algunos dicen que ya se han presentado. Pero, concretamente, desconocemos si hay proyectos distintos a los ya aprobados.
¿Considera que la legislación laboral es flexible como dicen los trabajadores?
Es un tema de mucho cuidado. Lo que buscamos es la paz laboral. Nuestra legislación nos ha permitido crecer (aunque no hay ley perfecta). Prefiero pronunciarme en casos concretos.
Los empresarios, en este caso concreto, señalan que los costos no salariales podrían disminuirse como parte de una reforma laboral…
El Ministerio de Trabajo no está evaluando esa posibilidad. Recién nos hemos metido en el tema, y en el caso de la pequeña y mediana empresa, quizá los costos no laborales sean los más bajos de América Latina. Hay cierta distorsión en el caso de la gran empresa. Cuando ocurra el debate se analizará, no queremos generar innecesaria alarma.
¿Cuál es la agenda del Consejo Nacional de Trabajo (CNT)?
El Consejo ha estado un poco paralizado y hemos tomado la decisión de convocarlo nuevamente. En la agenda se verá la estrategia de formalización laboral y la remuneración mínima vital (RMV), aunque la modificación de esta última podría afectar a la micro y pequeña empresa y resultar contraproducente.
Algunos expertos han planteado que la remuneración mínima se diferencie por regiones
No creo que podamos dar distinto trato a los trabajadores que cumplen igual función, se está evaluando.
¿Se han fijado un plazo?
No quiero descartar un aumento de la RMV, pero me comprometo a hacerlo con mucha tranquilidad.
¿El proyecto de la Ley General del Trabajo también está en la agenda del Consejo Nacional de Trabajo?
Se formó una comisión evaluadora del impacto económico (del proyecto inicial), cuyo informe estuvo ‘fondeado’. Lo hemos culminado y remitimos al Congreso hace una semana para que se debata el tema.
¿Usted considera que dicho proyecto se debe debatir?
Yo creo que sí. El Congreso tiene todos los elementos para debatir la Ley General del Trabajo. Tenemos una legislación que es muy complicada y dispersa.
¿El presidente Humala piensa lo mismo?
El presidente está interesado en consolidar la paz laboral.
Existía un porcentaje de artículos no consensuados entre trabajadores y empleadores. ¿Sobre ello ya hay una opinión?
No, el Ministerio de Economía seguramente lo hará.
¿Cuál es el balance del arbitraje potestativo, que obliga a las empresas a tener un árbitro por reclamo sindical?
Hay problemas. Algunos empleadores y trabajadores se quejan, y estamos analizando una solución.
¿Qué tipo de problemas existen?
Existe una parcialización de los árbitros.
Pero es el Ministerio de Trabajo el que autoriza a los árbitros…
Por supuesto. Todo eso se está evaluando. Es un tema que se está abordando con mucho tino. Quizás el arbitraje podría ser aleatorio, pero vinculante dentro de los árbitros designados por el Ministerio de Trabajo. Cualquier medida se trabajará en coordinación con los gremios empresariales y de los trabajadores.
En octubre está prevista una reunión de la OIT en Lima. ¿Cuáles son los objetivos?
La entidad que organiza el evento es la OIT cada cuatro años, y este año Perú será el anfitrión. Se verá, entre otros temas, la formalización laboral. Nosotros hemos preparado una medida en ese sentido que se publicará en breve.
¿Qué contiene la estrategia de formalización laboral?
En cuanto a empleo, se busca una articulación efectiva con el Ministerio de la Producción; y por el lado de Trabajo, la difusión de la legislación laboral, regímenes promocionales y la fiscalización.
Existe una reglamentación pendiente sobre las multas, que tendrían una reducción de hasta 65%…
El objetivo no es multar, se había concebido imponer montos altísimos. Nuestra óptica es distinta: conversaremos cuando se encuentren las infracciones y ayudaremos a las soluciones. Solo ante la resistencia se multará, pero sus montos no serán confiscatorios.
Reingeniería en la Sunafil
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) se extenderá a cinco regiones este año, ya que la anterior gestión tenía los plazos vencidos y se recibieron denuncias de que había inspecciones direccionadas, sostuvo Fredy Otárola, ministro de Trabajo.
Agregó que el objetivo de la Sunafil no será multar a las empresas, sino realizar un acompañamiento. En caso de que se subsane la infracción no habrá multa, salvo en los casos graves. Otárola indicó que otro problema es que en la región, la Sunafil no puede sancionar y solo deriva la información. Hay casos en que los gobiernos regionales no sancionan, por lo que se necesita un cambio en la legislación, dijo.
Agregó que algunos gobiernos regionales utilizan al Ministerio de Trabajo para conseguir ‘portátiles’ para sus fines u obtener financiamiento a través de chantajes y manejo de obras.
También mencionó que el Ministerio de Economía es el que determina el sueldo del jefe de la Sunafil, el cual asciende a S/. 16,500.
Investigación de ‘sindicatos fachada’
Las mafias de los ‘sindicatos fachada’ reclaman el 3% o 4% del valor de la obra, o también obras a los gobiernos regionales, los que se las habrían entregado para ser el soporte político-militar, denunció el titular de Trabajo, Fredy Otárola.
Por ello, se ha remitido un oficio al Ministerio del Interior para verificar si algún sindicato está involucrado con actos delincuenciales, y esperamos respuesta para actuar con prontitud.
Paralelamente, se publicó un protocolo para la implementación para suspender al sindicato por 10 días, y el procurador público está obligado a solicitar la nulidad de su registro ante el Poder Judicial.
Se han consolidado tres registros: el de sindicatos de verificación inmediata (en Lima antes de inscribirlos); de sindicalizados (para verificar antecedentes) y de obras (para dar información al Ministerio del Interior en sus labores de inteligencia).
EN CORTO
Existen más de 1,700 proyectos en el programa “Trabaja Perú” (convenios con municipios). Además están los programas “Jóvenes a la Obra” (apoyo a emprendimientos), “Perú Responsable” y “Vamos Perú” (capacitación y convenios con el sector privado) que tienen como fin insertar al mercado laboral y capacitar a los trabajadores. En conjunto, a más de 130 mil personas. En el 2015 se van a consolidar estos programas, dijo Fredy Otárola.
LAS CLAVES
Infantil. Un programa piloto iniciado en Huánuco paga hasta S/. 500 a los padres de familia que se comprometan a que sus hijos, que laboran en las calles, vayan al colegio.
Convenios. Se han celebrado acuerdos con empresas yONG que emplean a los padres de familia, siempre que se comprometan a no hacer trabajar a sus hijos.
Ventanillas. Se ha implementado un esquema para brindar asesorías y certificados de antecedentes policiales, laborales y otros.
Tribunal Laboral. Durante este año se implementará el Tribunal de Fiscalización Laboral y se evalúa si el pago será por dietas o sueldo.
EL DATO
- En Lima existen alrededor de 50 sindicatos inscritos. En Áncash, para mil trabajadores hay más de 30 sindicatos, dijo Otárola.
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