Informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos considera “pertinente revisar, y luego de ello, evaluar la posibilidad de aprobación de la Ley de Ciberseguridad”.
El país necesita implementar una normativa que regule y simplifique el acceso a la información a las autoridades con el objetivo de agilizar los procesos de investigación cada vez que se trate de casos que involucren a los llamados delitos informáticos, plantea el estudio ‘Diagnóstico situacional multisectorial sobre la ciberdelincuencia en el Perú’.
“Esta normativa debe considerar la entrega inmediata de información de las diversas entidades de los sectores público y privado a las instituciones competentes, como una expresión de compromiso público-privado frente a la cibercriminalidad”, precisa el informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) por encargo del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc).
Protocolos
En otra de las recomendaciones del documento se destaca la importancia de contar con mejores protocolos de facilitación de la información que consolidan las instituciones involucradas en el tratamiento del fenómeno de la ciberdelincuencia y la necesidad de usar estos recursos de manera responsable y oportuna en las acciones de persecución.
Las propuestas incluidas en el ‘Diagnóstico situacional multisectorial sobre la ciberdelincuencia en el Perú’ surgen tras revelar que las cifras oficiales de las denuncias por delitos informáticos aumentan cada año.
Según la División de Investigación de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú , en cinco años se atendieron 10,110 denuncias, lo que significa “un notorio ascenso que alcanza a triplicarse de forma sostenida”.
De forma desagregada, según los tipos, existen algunos que suelen mantener mayor notoriedad durante los últimos años. “Es el caso de los que afectan el patrimonio y/o que inciden en fraude a través de la informática, los cuales ascienden al 62% del total de los ciberdelitos en el Perú”, agrega.
En este contexto, el informe del Minjusdh considera “pertinente revisar, y luego de ello, evaluar la posibilidad de aprobación de la Ley de Ciberseguridad”. Además, “que se tome en cuenta lo dispuesto por el Ejecutivo sobre la redacción de los diferentes artículos de la norma, así como las competencias para la asignación de presupuestos y la creación de un Comité de Ciberseguridad”.
“Asimismo, es importante mencionar que los diversos actores estatales deben considerarse dentro de la norma, en vista de que se trata de un problema público que aqueja a toda la sociedad peruana en su conjunto”, precisa el estudio.
El ‘Diagnóstico situacional multisectorial sobre la ciberdelincuencia en el Perú’ destaca también la importancia de fomentar la cooperación entre los diferentes organismos del Estado. Los reglamentos de diversas instituciones, como las de la administración tributaria o aduanera, deben contener las medidas necesarias de protección de sus datos y sistemas informáticos, añade.
Para tal fin, incorporarán a sus propias disposiciones supuestos referidos a la comisión de los diversos delitos informáticos que se pueden cometer en las operaciones. “Esto puede agregarse, por ejemplo, en las disposiciones complementarias de las normas emitidas”, plantea.
Intercambio
Una de las recomendaciones incluidas en el diagnóstico está referida a la puesta en marcha de acciones de intercambio de información y de adecuación normativa entre países de la región, principalmente con aquellos que hayan suscrito el Convenio de Budapest, documento que surgió en la Unión Europea y que incorpora diversas medidas que se deberán adaptar a las legislaciones nacionales de los diversos países miembro, entre ellos el Perú.
“Estas formas de cooperación regional fortalecerán el desempeño de las entidades dedicadas a la prevención e investigación de los ciberdelitos en nuestro país, y particularmente de las áreas de cooperación internacional de la Policía Nacional y del Ministerio Público”, precisa.
Estrategia
Es importante “crear una estrategia de coordinación integrada entre los diversos actores encargados de la persecución y el control de los ciberdelitos, con prioridad en la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial”, sugiere el ‘Diagnóstico situacional multisectorial sobre la ciberdelincuencia en el Perú’.
“Esta estrategia debería asegurar que las instituciones puedan triangular información útil a la coordinación de posteriores acciones que pretenden prevenir y perseguir a las organizaciones criminales que se encuentran detrás de los hechos ilícitos en el ciberespacio, evitando así la duplicidad y confusión durante el trabajo operativo”, anota.
Esa coordinación, refiere, puede informar al Conapoc los resultados e impactos del trabajo en términos de detenciones, investigaciones, casos resueltos y sentencias. De igual manera, se necesitan mayores instrumentos de cooperación y articulación con los órganos de gobierno local, pues son los que brindan el primer acercamiento al ciudadano en situaciones de riesgo, puntualiza.
Fuente: El Peruano
