Luego de que el presidente del directorio de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, revelara este lunes ante el fiscal José Domingo Pérez que la compañía realizó aportes por US$3,6 millones a la campaña de Keiko Fujimori del 2011, más de una interrogante ha surgido sobre las posibles consecuencias de dicha declaración, tanto para el proceso que se sigue contra la lideresa de Fuerza Popular como para la misma empresa. El Comercio conversó con los abogados penalistas Carlos Caro y Romy Chang para conocer sus opiniones.
1. ¿Estamos ante un aporte ilícito?
Ambos especialistas coinciden en que la entrega de dinero, en este caso, no configuraría un aporte ilícito.
Según Carlos Caro, este aporte no podría ser considerado un caso de lavado de activos, pues para ello sería necesario que el dinero tenga un origen ilícito, lo cual queda descartado debido a que –según Romero Paoletti- el aporte fue registrado en los libros contables de la empresa. “Para que sea lavado de activos, se requiere que el dinero tenga un origen delictivo, por ejemplo, que sea plata que el grupo Credicorp haya tenido por no pagar impuestos, o que haya provenido del narcotráfico. Pero si está contabilizado, han eliminado el riesgo de lavado de activos”, indica.
En la misma línea, Romy Chang sostiene que “si ellos (Credicorp) realmente tienen registrado el aporte en su contabilidad, no habría nada irregular”, pues “no hay forma de registrar (la donación) en la contabilidad si es que tiene origen ilegal”.
“No hay forma de registrar (la donación) en la contabilidad si es que tiene origen ilegal”.
Romy Chang.
Según Caro, la contabilización del dinero sería el punto que diferencia este aporte del que presuntamente realizó Odebrecht. “En el caso de Odebrecht, el argumento es que hay lavado de activos porque (el dinero) viene de la Caja 2. Si en este caso el dinero ha sido tributado, evidentemente es dinero limpio”, sostiene.
-Aporte en efectivo-
De acuerdo a Caro, si bien el hecho de que el desembolso haya sido en efectivo puede resultar sospechoso, ello no implica que sea delictivo. Tanto él como Chang consideran que la empresa podría haber decidido realizar el aporte en efectivo para no aparecer como contribuyente de la campaña, lo cual no configura un delito por parte del donante.
Sin embargo, distinto sería el caso de la responsabilidad de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011). Según Chang, si bien no nos encontraríamos ante un caso de lavado de activos, “como mínimo hay un delito contra la fe pública” por parte de los responsables del partido, pues no registraron que el aporte provenía de Credicorp, sino que probablemente se utilizó la técnica del ‘pitufeo’.
De igual manera, Caro considera que la no declaración del aporte ante la ONPE por parte de Fuerza Popular implicaría un delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, contemplado en el artículo 411 del Código Penal. No obstante, los abogados coinciden en que, de haberse configurado alguno de estos delitos, este ya habría prescrito.
2. ¿Cómo impacta la declaración de Romero Paoletti en la investigación fiscal contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular?
Por un lado, Caro considera que las revelaciones del director de Credicorp podrían ser explotadas por la defensa de Keiko Fujimori Higuchi.
“(La defensa) Puede decir que, de la misma forma en que se le recibió dinero a Credicorp en efectivo, se le recibió a Odebrecht, pues en ese entonces (2010-2011) no era conocida la corrupción (de la empresa brasileña)”.
Romy Chang, por el contrario, sostiene que la declaración de Romero refuerza parcialmente la hipótesis de la Fiscalía, respecto a que Keiko Fujimori habría utilizado la técnica del ‘pitufeo’ para ocultar el origen real de los aportes de campaña. Sin embargo, la abogada precisa que, mientras no se pueda sostener que el origen del dinero era ilegal, la revelación “no ayuda mucho” al Ministerio Público.
Keiko en el TC: el hábeas corpus
Los especialistas están de acuerdo en que la revelación de los aportes de Credicorp no tendrían consecuencias sobre el recurso de hábeas corpus que busca la libertad de Fujimori Higuchi ante el Tribunal Constitucional (TC). “El hábeas corpus no es un jucio penal”, señala Chang. “Lo que se está discutiendo con ese recurso es si con la prisión preventiva ordenada por el Poder Judicial se vulneró algún derecho constitucional de Keiko Fujimori, por lo que cualquier otro indicio o declaración posterior son totalmente irrelevantes”.
Fuente: El Comercio
