Por: Fernando Meléndez Fernández, Socio principal del Estudio Muñiz.
A muy pocos días de cumplirse el “aniversario” del estado de emergencia nacional, declarado por el Ejecutivo mediante Decreto Supremo n.° 044-2020-PCM el 15 de marzo del 2020, el panorama político, económico y social en nuestro país es bastante más desolador que cuando la crisis sanitaria comenzó.
En efecto, al día de hoy no solo nos encontramos en medio de la «segunda ola” de contagios, sino, además, ante un escándalo de proporciones insospechadas recientemente descubierto (vacunagate). Circunstancias ambas que tienen como “telón de fondo” las elecciones generales a celebrarse en abril próximo.
Como es de conocimiento general, en estos casi 12 meses de crisis nuestro país no solo ha tenido que soportar sus devastadores efectos: i) 44 mil víctimas mortales a la fecha (aunque fuentes extraoficiales indican que el número puede ser el doble), ii) un millón doscientos cincuenta mil infectados (y la cifra sigue en alarmante aumento) y iii) el colapso de los hospitales públicos y la dramática carencia de oxígeno medicinal y unidades de cuidados intensivos, sino que también tuvo que hacer frente a sus consecuencias económicas: i) nuestro PBI decreció en un 11% y fue, salvo Belice, el peor de Latinoamérica y el Caribe, ii) sectores como, por ejemplo, el turístico, el gastronómico, el retail y el transporte terrestre interprovincial de pasajeros, por citar solo algunos, han sido muy duramente afectados y no hay visos de ninguna mejora este 2021 y iii) el desempleo galopante.
Es cierto que no ha habido país al que la crisis sanitaria de un modo u otro no afectara, desde los de sistemas económicos sólidos como Alemania, Canadá, Inglaterra, Francia, etcétera; pasando por los grandes de economía complicada como EEUU, Brasil y México; disciplinados como Japón y Corea; hasta pequeños como Uruguay y Costa Rica.
La gestión de la crisis por sus gobernantes es lo que ha hecho la diferencia entre todos estos países. Hay mucha información al respecto y no pretendemos resumir aquí toda esta, pero sí destacar que en el nuestro esa “gestión» no solo “brilló por su ausencia”, sino que las “medidas» que se implementaron nunca tuvieron resultados efectivos y pese a ello se ha persistido tercamente en su empleo. Los ejemplos más representativos de lo anterior pueden gradearse en que durante buena parte de la «cuarentena» decretada, en ciertos días de la semana, una persona para desplazarse hacia su centro de trabajo, de abastos u hospitales, podía hacerlo en transporte público (exponiéndose a la interacción con terceros y por ende al contagio), pero no empleando su propio automóvil: el otro, la inmovilidad absoluta los días domingos, propiciando con ello la aglomeración de personas en lugares públicos el día anterior.
Too soon to tell, demasiado pronto para saber, fue la frase con la que iniciamos nuestro editorial de julio 2020 (Columnas número 201) aludiendo a la imposibilidad de conocer con exactitud, a ese momento, cuáles serían los alcances globales de la crisis sanitaria: por ejemplo, nadie podía prever, ni imaginarse, que 12 meses después los estragos de la misma fueran los que hoy se conocen o que el empleo de la incómoda y muchas veces innecesaria mascarilla pudiera convertirse en un elemento obligatorio e imprescindible ahora.
No obstante, lo que sí sabemos los peruanos es de la ineptitud, egoísmo y cuando no maldad de nuestra «clase política”. La coyuntura de la crisis nos lo ha ratificado por enésima vez. Este abril próximo tenemos una posibilidad, mínima, pero posibilidad al fin y al cabo de empezar a cambiar las cosas. No la dejemos pasar.
Fuente: COLUMNAS (Revista Legal)
