Una vez más, el presidente de la República, Pedro Castillo, evidenció su desdén respecto a la institucionalidad. El jefe de Estado anunció la creación de una oficina para los ronderos a fin de que sean ellos –y no las autoridades competentes– quienes fiscalicen su gestión. Lo dijo ayer, en horas de la tarde, y cuando ya la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, lo había notificado de la citación para el martes 14 de diciembre a fin de tomar su declaración sobre la presunta injerencia del Ejecutivo en los ascensos en las Fuerzas Armadas. Una medida que, cabe señalar, adoptó Avalos después de que, desde diversos sectores políticos y Perú21, llamáramos la atención sobre su inacción frente a graves denuncias que involucran al mandatario.
“Hemos dispuesto que, una vez gestada y transparentada la unidad de las rondas campesinas, abriremos una oficina al lado del despacho presidencial, no solo para luchar contra los flagelos que están afuera, sino para que controlen mi gobierno, para que vean si estoy robando, como dicen”, dijo en el marco del VI Congreso Nacional de las Rondas Campesinas.
El presidente omitió deliberadamente las investigaciones que lidera el Ministerio Público en torno a personas ligadas a su gestión, como su exsecretario Bruno Pacheco. “Me someto a las rondas campesinas para que hagan una investigación de mi gobierno. Cogerle un centavo a este país es ir contra la crianza de mis padres y de mi familia, y de mis hijos. ¿Cómo puedo meter la mano?”, insistió.
Propuesta inviable
En diálogo con Canal N, sin embargo, el magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña le recordó a Castillo que toda investigación de un supuesto delito corresponde al Ministerio Público. “Creo que el presidente busca un acercamiento a las rondas, pero hay que tener claros los roles”, advirtió.
El constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que la propuesta no solo es inconstitucional, sino que se suma a las falsas promesas que ha realizado el mandatario desde que asumió la Presidencia. “Anunció que pondría Palacio como museo, luego dijo que iba a vender el avión presidencial, ahora que va a ser fiscalizado por los ronderos pero ellos no tienen ese poder en el Estado. Es una forma indirecta de desconocer el rol de la Fiscalía y llamar a la violencia social, porque está pidiendo que, de alguna manera, los ronderos lo defiendan”, explicó a Perú21.
Desconoce legislación
Y en el Congreso tampoco se hicieron esperar las críticas. Alejandro Cavero (Avanza País) lamentó que, con cuatro meses en funciones, el presidente tenga “total desconocimiento” sobre el Estado de derecho. “Quien se encarga de perseguir el delito en el Perú es la Fiscalía, que por cierto está guardando bastante calma en torno a investigaciones que vinculan a Pedro Castillo. Los ronderos tienen la función de ayudar a la seguridad ciudadana”, indicó a este diario.
José Cueto (RP) manifestó que “crear una oficina de control y dársela a los ronderos está fuera del contexto constitucional”, y pidió a la Fiscalía y a la Contraloría informar al presidente sobre sus competencias. El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, añadió que “este gobierno nos tiene acostumbrados a dichos y a desdichos que han hecho que sus anuncios pierdan valor”.
Fuente: Perú 21
