Seis especialistas designados por el Gobierno de Perú y tres funcionarios públicos han actualizado la cifra de fallecidos por la covid-19 hasta el 22 de mayo a 180.764 personas, una cifra muy superior a las 68.053 muertes que hasta ahora contabilizaba el Ministerio de Salud. El dato coloca a Perú como el país con más muertes por cada 100.000 habitantes, aunque el epidemiólogo Mateo Prochazka, uno de los miembros del equipo, ha explicado que seguramente haya otros países que también tendrían que actualizar su cifra de decesos. Prochazka ha asegurado que, incluso tras la revisión de los casos durante un mes y medio, la cifra aún no refleja el total de muertes en el país.
“No hemos logrado disminuir la transferencia del virus, ni tener hospitales equipados de camas de cuidados intensivos o con lo necesario para la atención de la enfermedad. No ha habido suficiente ciencia para atender a las personas. Es el legado de no haber invertido en ciencia”, ha señalado Prochazka este martes en una entrevista.
El grupo de trabajo temporal, integrado por especialistas con bases de datos y abogados, ha propuesto siete nuevos criterios para determinar la muerte por la covid-19 en Perú: virológigo (muerte en los 60 días siguientes a un diagnóstico con prueba molecular o de antígenos), serológico (en los 60 días siguientes a un test rápido), radiológico (en caso probable con diagnóstico por imágenes) y nexo epidemiológico (por vínculo con un caso confirmado de nuevo coronavirus).
Los otros parámetros son investigación epidemiológica (un caso sospechoso confirmado por la Red Nacional de Epidemiología), clínico (cuadro de síntomas compatibles con la enfermedad) y Sinadef (la sigla del Sistema Nacional de Defunciones, que expide los certificados de defunción por diagnóstico de covid-19).
Desde el inicio de la pandemia en marzo, el Ministerio de Salud solo contabilizaba para su reporte diario a los fallecidos que tuvieran diagnóstico confirmado de covid-19 con pruebas molecular, antigénica o serológica, indica el reporte del grupo de trabajo temporal, y por ello no se correspondía con la realidad.
En Perú ya se ha convertido en habitual ver a ciudadanos mostrar su desesperación, en Twitter y Facebook, por no encontrar camas de cuidados críticos para sus parientes enfermos – especialmente en las ciudades de la costa y en la sureña Arequipa- o pidiendo ayudas económicas para comprar oxígeno, un insumo escaso. “Busco cama UCI con ventilador!!! Mi madre todavía no se puede ir, estamos en el Hospital de Nasca”, clamaba el lunes un hombre vía Twitter, etiquetando a usuarios con gran cantidad de seguidores.
“La confirmación de casos y defunciones covid-19 es un proceso laborioso que requiere de información, tiempo y recursos, incluyendo resultados de pruebas de laboratorio, datos consignados en historias clínicas, certificados de defunción, entre otros. Por esta razón, existe un desfase desde el fallecimiento hasta la confirmación en los sistemas de información, representado en el tiempo que requiere disponer de los resultados de las pruebas de laboratorio, en el tiempo de viaje de certificados de defunción físicos en zonas lejanas o rurales hasta los puntos de digitación, así como demoras en el ingreso de datos por personal de epidemiología de campo”, añade el documento de los especialistas.
“Esta pandemia nos coloca entre los peores países del mundo en salvar vidas, nuestras cifras se parecen y son peores que las de India. Es posible que cuando cada país sincere sus cifras quizá Perú mejore en su posición, pero por como han sido las cosas en Loreto, Amazonas, y en la periferia de Lima, la desesperación y el desastre por la ausencia completa de servicios de salud, la automedicación, la falta de oxígeno, todo parecía macabro”, comenta la médica e investigadora Carol Zavaleta.
La especialista en salud intercultural añade que es “un gran paso haber sincerado esas cifras” antes de que inicie el próximo Gobierno el 28 de julio. “En más de un año de pandemia ya tenemos grandes lecciones: es hora de poner la salud adelante. Esto empieza por que el Estado garantice la salud como un derecho fundamental -no solo en el papel, sino en la práctica- por encima de otros intereses. ¿Si no lo asegura en una pandemia, cuándo será?”, añadió la investigadora.
La cifra trágica de fallecidos equivale al 0.55% de la población de más de 32 millones de peruanos. Zavaleta reflexiona que la cantidad de fallecidos también lleva a cuestionar las estructuras elitistas del conocimiento con las cuales se gestionó la pandemia. “Las normas y protocolos se hicieron en Lima pero esto no produjo solución a la crisis de salud, se promovió la automedicación, el uso de esteroides y se ha deteriorado más la confianza en el sistema de salud”, añade.
Fuente: El País
