Caso ‘Cuellos Blancos’. Está pendiente que Subcomisión de acusaciones Constitucionales inicie indagaciones contra el fiscal Pedro Chávarry. Los demás magistrados son requeridos por tráfico de influencias, patrocinio ilegal, entre otros delitos.
De los 37 diferentes expedientes fiscales en curso para investigar a la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, apenas en dos se incluye el delito de organización criminal, abarcando a 16 personas, de las que solo dos son jueces: César Hinostroza y Walter Ríos.
Los otros 14 son abogados, empresarios y trabajadores de la Corte Superior del Callao, donde Ríos era presidente.
Esta red criminal no puede ser investigada en una sola carpeta, que sería lo óptimo para lograr una sola teoría fiscal, porque entre sus involucrados hay magistrados de diferentes niveles y por ello se investiga en fueros distintos.
A esto se suma que no todos estén siendo investigados por crimen organizado.
En varios niveles
Todo comenzó con el llamado “caso madre” que lleva la fiscal provincial del Callao, Rocío Sánchez, quien solicitó las grabaciones telefónicas que permitieron descubrir la red de corrupción dentro del sistema de justicia, y en el participaron también abogados y empresarios.
Sánchez es la única que ha aplicado el delito de criminalidad organizada a la mayoría de sus investigados. Entre ellos están el expresidente de la Federación de Fútbol Edwin Oviedo, y los empresarios Antonio Camayo y Mario Mendoza Ríos.
Cuando se descubrió que estaban involucrados el entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, y el exmagistrado supremo César Hinostroza, entró a tallar la Fiscalía de la Nación.
Sus casos los ve ahora el fiscal supremo anticorrupción Jesús Fernández Alarcón, quien, además, tiene los expedientes sobre jueces de primera y segunda instancia. Todos ellos están requeridos por diversos delitos, menos crimen organizado.
También lleva las indagaciones a los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Iván Noguera, Julio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila y Orlando Velásquez. Pero ellos no pueden ser investigados por organización criminal porque el Congreso rechazó que se incluya ese delito, sino solo patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.
Otro conjunto de investigaciones preliminares lo tiene el fiscal Pablo Sánchez Velarde, tras un pedido de inhibición del entonces fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, quien también aparece en los llamados CNM audios.
Asimismo, está pendiente la indagación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que aprobó sea investigado por seis denuncias, una de ellas por formar parte de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Y actualmente, la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, tiene el expedientes contra Chávarry por el irregular deslacrado a la oficina de su asesor.
Un solo caso
El procurador anticorrupción Amado Enco sostuvo que si bien la normativa determina que el caso sea visto por diferentes fiscales, ellos deben trabajar de manera articulada para que la indagación sea exitosa.
Esto “porque las pruebas que surjan en una carpeta pueden ser útiles para las investigaciones de otras carpetas fiscales”.
Indicó que a todos los vinculados a las red “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que tiene a su cargo el fiscal anticorrupción Fernández Alarcón sobre los demás magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial que están siendo investigados por delitos de corrupción de funcionarios se las amplíen por criminalidad organizada.
“Todas las carpetas deberían tener como denominador común la imputación del delito de organización criminal. Ello va a permitir enriquecer las investigaciones”, consideró.
Explicó que de esa manera se alimentará las indagaciones con información y retroalimentar las investigaciones que están a cargo de las otras fiscalías.
Guillén: Hay que apuntar a una sola teoría
– El ex fiscal supremo Avelino Guillén remarcó que el Ministerio Público debe tener una posición uniforme en los diferentes niveles a cargo de las indagaciones de la red “Los Cuellos Blancos del Puerto” para evitar decisiones contrarias y presenten una sola teoría. Recomendó que todas las instancias fiscales que ven este caso deben participar en una jornada como una clínica jurídica para discutir las aristas de las principales investigaciones, guardando la reserva necesaria de las colaboraciones eficaces.
Fuente: La República
