Por: Daniela Higueras (Asociada del Estudio Miranda & Amado)
El riesgo compartido como modelo para el financiamiento de proyectos se presenta en el contexto de la pandemia como una importante oportunidad para el impulso de los proyectos de infraestructura en general, indispensable para la reactivación de la economía y el empleo en el país.
Como parte de la estrategia para enfrentar las consecuencias económicas del covid-19 en el Perú, el Poder Ejecutivo publicó el D. U. Nº 070-020, que dispone una serie de medidas destinadas a reactivar la actividad económica y generar empleo en el país. Así, la norma ordena transferencias y modificaciones presupuestarias para financiar proyectos de inversión pública, incluyendo la reconstrucción y mejoramiento de infraestructura vial y educativa. Esta iniciativa podría representar una importante oportunidad para que las inversiones en infraestructura y obras públicas se financien parcialmente con capital privado, por intermedio de un régimen excepcional implementado con esa finalidad.
Una propuesta sería la creación de un sistema especial que permita a las empresas del sector privado financiar parte de los proyectos sin asumir su ejecución (la cual permanecería a cargo del Estado) permitiendo la canalización de aportes de varias empresas a un mismo proyecto sin comprometer los recursos de las entidades públicas a cargo. Se trata de un híbrido entre el mecanismo de Obras por Impuestos y una operación de financiamiento del Estado.
Proyectos
Partiendo de una base de proyectos debidamente formulados mediante el sistema de inversión pública y con un monto de inversión definido, las empresas privadas que eligieran participar actuarían únicamente como financistas de los proyectos. Las empresas se limitarían a compensar el monto de su aporte contra su impuesto a la renta. De esta manera, no obstante el financiamiento privado, el Estado mantendría el control sobre la ejecución de los proyectos, los cuales permanecerían bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control.
Asimismo, las inversiones de las empresas serían canalizadas y administradas por un fideicomiso cuyo fiduciario sería nombrado por el Estado. De este modo, se podrían agrupar inversiones de diferentes empresas hacia un mismo proyecto, lo cual permitiría que distintas empresas, incluyendo pequeñas y medianas, puedan participar en función de los montos que efectivamente puedan destinar a este fin. Así, sumando y canalizando los aportes de varias empresas hacia proyectos determinados, se podrían financiar proyectos de gran escala.
Por otro lado, y a diferencia de otros mecanismos, como el de Obras por Impuestos, el mecanismo propuesto no requeriría el compromiso directo de fondos públicos, ya que los montos de inversión reconocidos a favor de las empresas privadas participantes serían descontados directamente del impuesto a la renta que les corresponda pagar a estas. Es decir, se trataría de un financiamiento del sector privado al sector público, que sería “repagado” íntegramente con la cancelación de un monto equivalente del impuesto a la renta de las empresas. El descuento a dicho impuesto debería poder arrastrarse por un período considerable (por ejemplo, diez años), tomando en cuenta especialmente que es posible que muchas empresas no tengan utilidades en los próximos años debido a la coyuntura económica.
Además, el mecanismo generaría mayor certeza para la empresa privada en cuanto al monto que sería recuperado en impuestos, pues este sería directamente proporcional al monto aportado. Así, por ejemplo, si algún proyecto requiriese inversiones adicionales que no fueron originalmente presupuestadas, tendría que ser el Estado –y no las empresas privadas que financiaron parcialmente el proyecto– el que las cubra.
Riesgo y esfuerzo
Considerando los beneficios que se generarían tanto para el Estado como para el sector privado, este mecanismo podría incluso replicarse para proyectos de infraestructura en general más allá de los mencionados en el D. U. Nº 070-2020. Desde la perspectiva del Estado y el interés público nacional (que es prioritario en este contexto), el mecanismo propuesto permitiría compartir con la empresa privada el riesgo y esfuerzo que involucra la tarea de reactivación económica ahorrando valiosos fondos públicos para ser destinados en materia sanitaria y de prevención, o mantenidos en reserva para enfrentar una posible segunda ola de contagio de covid-19, sin comprometer las reservas de contingencia nacionales. Por el lado del sector privado, presentaría una oportunidad para invertir directamente sus impuestos de una serie de proyectos claramente delineados, generar goodwill en el mercado y en el área de influencia del proyecto que decidan financiar y, más importante aún, de poner el hombro para sacar la economía nacional adelante.
Fuente: El Peruano
