Los cambios propuestos al reglamento del D. Leg. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, tienen por objeto modernizar las normas laborales a nivel reglamentario, así como establecer reglas más claras y predecibles para los trabajadores y empleadores en el país.
Así lo afirmó el viceministro de Trabajo, Augusto Eguiguren, tras explicar las principales propuestas del referido proyecto que aborda materias esenciales del desenvolvimiento de las relaciones laborales del sector privado, que no habían sido actualizadas hace más de 22 años, como el rendimiento deficiente.
“De acuerdo con la ley, el rendimiento deficiente es una causal de cese vinculado en la capacidad del trabajador, pero ni la ley ni el reglamento vigente habían establecido requisitos para su aplicación práctica”, detalló la autoridad.
En esa línea, anotó que el proyecto desarrolla pautas muy claras que el empleador debe observar en su aplicación, fijándose como garantía que se debe contar con un sistema de gestión del rendimiento con base en criterios objetivos, razonables y aplicables a trabajadores en condiciones similares, los cuales deben comunicarse al inicio del vínculo.
“De esa manera, se reduce la posibilidad de discrecionalidad de empleadores y se protegen los derechos del trabajador”.
La iniciativa precisa los límites y características del pago en especie. “Con la propuesta este pago no puede representar más del 30% del total de la remuneración del trabajador, para evitar prácticas desproporcionadas y se excluyen algunos bienes”, dijo.
Se desarrolla también el pago de la indemnización para los trabajadores de confianza. “No puede excluirse de la tutela indemnizatoria a un trabajador porque se le retiró la confianza. Ello está prevista en la ley como causa de extinción del vínculo laboral, y las normas constitucionales y legales garantizan la protección contra el despido arbitrario sin distinciones”, dijo Eguiguren. Otros temas relevantes es que se amplía la protección de despido nulo antisindical a los delegados, miembros de comisiones negociadoras y representantes de secciones sindicales; y se establece que todos los beneficios sociales deben ser cancelados dentro de las 48 horas al cese. “Esta precisión es importante, ya que ahora este plazo solo está previsto para el pago de la CTS”.Se sugiere finalmente que el pago de la indemnización por despido arbitrario debe realizarse de manera diferenciada de la liquidación de los beneficios sociales, usando cuentas separadas o mediante consignaciones judiciales independientes. “Esto permitirá que actos unilaterales del empleador impidan el posterior cuestionamiento judicial del despido”, anotó.
Propuesta consensuada
La propuesta del MTPE es el resultado de un trabajo técnico y de un amplio proceso de diálogo social realizado en Lima y en las diversas regiones del país durante agosto y setiembre pasado, precisó el viceministro Augusto Eguiguren Praeli.
En ese contexto, agregó que se ha tratado de recoger los aportes y las necesidades de todos los actores sociales, como los gremios de empleadores y trabajadores que forman el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), representantes de los consejos regionales de Trabajo, sociedad civil, magistrados y de las mypes.
“Como sector nos comprometimos a pre-publicar los proyectos y dar un espacio adicional de 30 días calendario para recibir nuevos aportes y así tener un texto que refleje la modernización y actualización de la normativa y reglas más claras y predecibles”, dijo.
MÁS ACCIONES
Las propuestas desarrolladas por el MTPE buscan un equilibrio en las relaciones laborales y se complementan con las acciones que lleva adelante el sector, entre estas últimas acciones, el viceministro Eguiguren Praeli precisó el fortalecimiento y modernización del sistema de inspecciones de trabajo.
Fuente: El Peruano
