Se aprobó por unanimidad el informe final de la Comisión Investigadora multipartidaria sobre las responsabilidades en torno a las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de marzo de 2022, en el cual se recomienda cursar acusación constitucional a los exjefes de gabinete, Mirtha Vásquez Chuquilín y Aníbal Torres, así como también al extitular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, por el delito de omisión, rechazamiento y demora de actos funcionales, estipulado en el artículo 377 del Código Penal.
Durante la sexta sesión extraordinaria, su presidente, el legislador Alejandro Muñante Barrios, (RN), expuso el informe final de la comisión, el mismo que está conformado por 228 páginas y contiene dieciocho conclusiones y cuatro recomendaciones, luego del análisis de los hechos acontecidos durante el paro nacional de transportistas, agricultores y población en general, que se desarrolló del 28 de marzo al 6 de abril de 2022, donde cinco ciudadanos perdieron la vida y cuatro resultaron gravemente heridos en Ica, Huánuco y Junín.
En las conclusiones se advierte que los extitulares de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no recogieron las recomendaciones realizadas por las direcciones de prevención y gestión de conflictos sociales de sus carteras.
Asimismo, se indica que los directores Policiales tendrían responsabilidades administrativas al no formular al Ministerio de Economía y Finanzas los requerimientos presupuestales de manera pertinente y adecuada.
El informe señala como responsable motivacional del paro nacional de transportistas, agricultores y población en general, al gobierno presidido por el expresidente Pedro Castillo Terrones, por carecer de decisiones ilustradas y oportunas, así como por el silencio y la ausencia de la búsqueda de soluciones para los problemas nacionales.
Asimismo, sostiene que la responsabilidad de la crispación social corresponde al más alto nivel del Estado, es decir, a los presidentes del Consejo de Ministros, quienes no cumplieron con los acuerdos suscritos con los transportistas y agricultores; pero exime de responsabilidad al Ministro de Economía y Finanzas y sus Viceministros.
Acerca de la labor del Ministerio Público, se planea que destine sus labores para determinar las responsabilidades penales ante las muertes originadas; sin embargo, indica que es necesario redireccionar las investigaciones, y deslindar la responsabilidad del personal de la Policía Nacional para acusar a los mencionados ministros de estado por omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales
También solicita a la Inspectoría General de la Policía Nacional, reaperturar los procesos de investigación disciplinarios alrededor de los hechos, los mismos que fueron archivados en su momento.
