Por Juan Carlos Zevallos Roncagliolo
(Abogado Senior especialista en Derecho Corporativo, Laboral y Negociación con experiencia relevante en empresas mineras, instituciones de salud, empresas industriales, del sector construcción y de consultoría).
Nuestro país esta de moda y se ha convertido en uno de los más atractivos e ideales destinos no sólo como emblema turístico y gastronómico, sino como receptor de inversión productiva tanto nacional como extranjera. Esto último, se puede plasmar en la mayor apertura de nuestro mercado y los grandes derechos y libertades económicas nunca antes vistos en el Perú. Este notable crecimiento sostenible, ha sido posible gracias a un buen manejo fiscal y a una política económica muy solida que en la actualidad es admirada por diversos países en el mundo, poniendo al país en el centro de la atención mundial. Siguiendo esta línea, Este extraordinario momento por el que atraviesa nuestro país, no le es ajeno al sector minero, que en los últimos años ha representado mas del 60% de nuestras exportaciones, lo que ha reportado ingresos millonarios al Gobierno Central y ha permitido mayores recursos para el Tesoro Publico, específicamente para los Gobiernos Regionales y Locales, así como para implementar políticas y obras sociales en beneficio de la población.
A su vez, el impacto positivo de la minería peruana ha tenido un efecto dinamizador de la economía, generando la aparición de empleos directos e indirectos, incentivando la aparición de servicios complementarios, logísticos y accesorios de diversas industrias nacionales e internacionales ligadas a este sector, reactivando la industria metalmecánica abandonada en años anteriores, generando superávit fiscal, grandes flujos de inversión, un mayor desarrollo sostenible integral, transferencia tecnológica e inclusión social; Todo esto, luego de más 30 años de retroceso en lo que a minería se refiere. Es en este contexto, que nuestro país puede alardear de contar con una cartera de proyectos mineros de aquí al 2022 que supera los $/. 20.819 (Veinte Mil Ochocientos Diecinueve Millones de Dólares). Conforme a lo dicho hasta aquí, podemos decir que el Perú como país minero, es poseedor de un pasado y presente envidiable, y que la minería como actividad productiva, a secas, representa el verdadero motor del desarrollo en el Perú, una autentica fuente promotora del progreso nacional y un inobjetable factor de inclusión social.
Sin embargo, esta realidad óptima de la que todos los peruanos hemos ido siendo testigos, podría eventualmente tirarse por la borda, todo ello debido a la ola infernal de violentas protestas sociales de nunca acabar, que en los últimos años ha estado provista de grandes sesgos ideológicos que encubren intereses políticos subalternos de diversos grupos cuya conducta prepotente y violenta, que esta basada en la extorsión e irracionalidad, no puede ser controlada por el estado peruano con sus fuerzas policiales ni por sus oficinas de prevención de conflictos sociales. Este panorama descrito, impide el progreso de nuestro país, desacelerando nuestra economía, bienestar y el desarrollo del Perú, generando un gran atraso y encareciendo aun más la débil situación de los pobres de nuestro país. En esta línea, este panorama actual, en el que existen más de un centenar de conflictos sociales por resolver tales como el que involucra a Tía María, Río Blanco y Conga de capital extranjero, las mismas que exigen acciones conjuntas del Gobierno Peruano. Esto último, con la finalidad de evitar que se sigan emitiendo señales negativas a la inversión, venga de donde venga, en el entendido que solamente con las acciones de chantaje, desmanes, excesos y actos vandálicos se puede llegar a imponer soluciones optimas para las poblaciones afectadas por las operaciones mineras.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Perú cuenta con una cartera de 47 proyectos mineros por un valor aproximado de US$ 46,996 millones. Aún así, los conflictos sociales han paralizado grandes proyectos mineros, los mismos que sumarían una inversión de US$ 8,700 millones. Es bien cierto también, que en esta tarea tiene que participar activamente tanto el Estado, las comunidades involucradas y el empresario minero, encontrando canales de concertación estructurados en el dialogo que permitirán encontrar puntos en concordancia en los que tendrá que mediar sensibilidad social, tolerancia, equidad y un mejor manejo de los conflictos sociales.
De esta manera, tanto el Estado como las empresas mineras podrán gestionar de manera mas eficiente y optima los conflictos sociales en tanto en cuanto puedan poner en marcha maniobras estratégicas y meditadas de manejo de conflictos sociales que sean gestionados por las personas idóneas que conozcan la idiosincrasia, la realidad, las costumbres y la cultura de los lugares mas sensibles sobre los que circundan los conflictos. En este contexto, es necesario, para efectos de una mejor administración del problema, anticiparse a la raíz del problema para saber como atacarlo y procurar soluciones inteligentes, eficientes y racionales en las que puedan ganar todas las partes involucradas.
Pero, para poder lograr esto último, también es fundamental que el estado intensifique su presencia en el interior del país, a través de sus instituciones y ministerios y restablezca el principio de autoridad con sanciones ejemplares para aquellos violentistas y agitadores sociales que se crean por encima del estado de derecho y de la democracia. Todo esto, con la finalidad de instalar un escenario propicio para el dialogo y la concertación, que impida que los conflictos sociales sean utilizados por políticos indignos e inmorales, así como por Pseudo dirigentes sociales, de manera oportunista como plataforma para la consecución de intereses políticos subalternos que puedan generar rédito personal más que social para el país.
Por último, para preparar un camino mas favorable a un dialogo mas fructífero será necesario poner limites y redefinir la actuación de algunas ONG´s, que más que complementar la labor del estado en algunas zonas oprimidas del país y en las demás zonas de influencia de operaciones mineras efectuando actividades sociales y de conservación del medio ambiente, manipulan sesgada y tendenciosamente información sobre los diversos proyectos mineros en cartera y en actividad generando agitación, malestar y mas conflictos sociales producto de sus ideas prejuiciosas y deformadas sobre la actividad minera y sus beneficios.
