El Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (Ruva), a cargo del Ministerio Público, garantiza a las mujeres afectadas por la violencia acceder a los operadores de justicia, así como facilitar la identificación de agresores reincidentes a fin de dar atención especial a estos casos.
Así lo sostuvo la jueza suprema Janet Tello Gilardi durante su participación en el foro por el primer año de operatividad del Ruva.
En efecto, esta nómina, diseñada para recoger la data de las institución participante como el Poder Judicial, Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer, es una experiencia ambiciosa de interoperabilidad para reducir las cifras de feminicidio e incentivar la denuncia de estos hechos.
El Ruva ha sido reconocido este año como Buena Práctica en Análisis Delictual 2020 por la Asociación Paz Ciudadana de Chile-categoría integración sectorial y tecnologías de información, una de las ocho buenas prácticas ganadoras de la región.
El Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (Ruva)
Tiene como objeto implementar un sistema intersectorial de registro de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, denominado Registro Único de Víctimas y Agresores. El responsable de su implementación es el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
La implementación del RUVA, cuenta con el respaldo de la señora Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera y las máximas autoridades de las instituciones que integran el registro, quienes de manera conjunta están impulsando el fortalecimiento del Sistema Especializado de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
El registro tiene carácter multisectorial e integra la información de cuatro instituciones que forman parte del Sistema Nacional Especializado de Justicia en Violencia Contra las Mujeres y su órgano de gestión del registro es la Comisión Coordinadora del RUVA, que está presidido por la fiscal superior, Rosario López Wong, coordinadora de la Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, en representación del Ministerio Público; e integrado por la jueza suprema, Janet Tello Gilardi, por parte del Poder Judicial; el jefe de la División de Familia de la Policía Nacional, coronel César Díaz Cachay; y Juana Mendoza Flores, del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Fuente: El Peruano
