Secigra Derecho 2023: punto de partida de una carrera pública

El objetivo es contribuir a la mejora de la administración pública y de justicia, mediante la ampliación del ejercicio práctico de la profesión y el incentivo de la responsabilidad social de los graduandos, detalla el citado programa, que se oficializó mediante la Resolución Ministerial N° 0318-2022-JUS.

Además, busca complementar el proceso formativo de los secigristas al relacionar el conocimiento teórico con el práctico; consolidar su aprendizaje y mejorar sus capacidades y competencias con el objetivo de lograr su inserción en el mercado laboral.

A la par, garantizar que las instituciones donde se ejecutan las prácticas reúnan las características adecuadas para el desarrollo profesional de los estudiantes de Derecho y egresados, así como velar por el cabal cumplimiento de las normas que regulan el desarrollo y ejecución del Secigra Derecho.

Expectativas

En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, la directora de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica, María Esperanza Adrianzén Olivos, afirma que una de las expectativas es que el secigrista tenga al programa como un punto de partida de una carrera en la administración pública o de justicia.

Es una oportunidad, precisa, para que el practicante de derecho se desarrolle en el plano profesional y después se convierta en “el futuro ministro de Justicia, funcionario, servidor público, juez o fiscal. Entonces, la esperanza es que los que se van insertando en la administración estatal tengan un arraigo en el servicio, en principio, y luego en la ética”.

Ética

“Las funciones que corresponden a la Dirección de Promoción de Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica es empezar a trabajar con la ética en el ejercicio de la abogacía. Lo que se aspira desde la administración pública es proyectar a los alumnos del último año de la Facultad de Derecho que no solo conozcan el quehacer de la administración pública o de justicia, sino también que se arraiguen en lo que es parte del engranaje estatal: el servicio”, asevera.

Para Adrianzén, el programa busca también que el secigrista se especialice en la materia de la unidad receptora donde realizan sus prácticas. “En el transcurso del tiempo, lo que sucede es que muchos de los secigristas son contratados, porque se nota en ese año que efectúan el servicio que son personas que se esforzaron en el espacio público para tomar los conocimientos y utilizarlos”, subraya.

La funcionaria explica que el servicio se le considera también una experiencia laboral. “Los estudiantes que se registran en el Secigra, que ahora es voluntario, no como antes que era obligatorio, aspiran generalmente a pertenecer a la administración estatal y continúan en este espacio. Entonces, se podría decir que es el inicio de una carrera pública; en la práctica sucede esto”, recalca.

Plazas

La directora de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica detalla que para el 2023 las vacantes ofrecidas por las diferentes unidades receptoras suman 2,130, las cuales superan las de años anteriores porque estas entidades ofrecieron más plazas. “Este año se registraron 2,080, mientras que en el 2021 llegaron a 1,898”, agrega.

“Se cubren todas y sí hay algunos pedidos adicionales, solo se podrán atender si es que alguna unidad receptora en este periodo hasta febrero ofrece otra vacante. El único requisito es que cuenten con el presupuesto para cubrir el servicio”, asevera.

Adrianzén indica, asimismo, que ya se normalizó la práctica del Secigra a escala nacional en comparación con el 2020 y 2021, en los que se debió emitir algunas disposiciones para regular su desarrollo en plena pandemia del covid-19, principalmente de forma remota.

“El servicio se cumplió estos años por la pandemia vía remota. Existen algunas unidades receptoras que empezaron desde julio de este año en adelante a autorizar que los secigristas se acerquen a sus instalaciones”, señala.

Para el próximo año, refiere, de acuerdo con las normas futuras y cómo evolucione la situación el programa se volverá a desarrollar como antaño. Los secigristas empezarán su labor el 16 de enero del 2023, anota.

“En Lima ya se cerró la inscripción con 653 vacantes y en provincias, entre Amazonas e Ica, porque las dividimos así, hay 721 plazas; mientras que entre Junín y Ucayali se registran 756 vacantes. Tenemos un total de 2,130 plazas a escala nacional”, enfatiza.

De acuerdo con el programa, la Dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica (DPJFPJ) tiene a su cargo la asignación de los secigristas según el número de plazas requeridas por las unidades receptoras.

Evaluación de participantes

La Dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica remitirá a las unidades receptoras dos formatos denominados informe parcial e informe final, mediante los cuales evaluarán el rendimiento y desempeño de los secigristas a su cargo.

El informe parcial se entregará al concluir el primer periodo del programa y el final al terminar el Secigra Derecho 2023, precisa. Las autoridades de las unidades receptoras firmarán estos documentos.

La mencionada dirección remitirá también a las universidades un formato denominado informe personal, el cual se entregará a cada secigrista a fin de que evalúe el desempeño de la unidad receptora y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el desarrollo del programa.

Al finalizar este, la unidad receptora comunicará a la DPJFPJ el nombre del secigrista que destacó por su diligencia, responsabilidad y dedicación en la prestación del servicio. Esa comunicación se efectuará como máximo hasta el 15 de diciembre del 2023.

Vencido ese plazo, la DPJFPJ elevará el proyecto de resolución de los secigristas destacados a la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa para su revisión y aprobación.

Para la culminación satisfactoria del programa, el secigrista deberá contar con los informes mencionados, así como el total de asistencia requerida.

Cifra

26113 es el decreto ley de creación del Secigra Derecho, que entró en vigor el 1 de enero de 1993.

Fuente: El Peruano