Por: Francisco Pantigoso, Catedrático de las Universidades del Pacífico, UPC y UCSUR.
Una revisión a las actitudes del contribuyente, al accionar del Estado y a la realidad normativa tributaria, a efectos de que esta realidad cambie de una vez por todas.
Es frecuente verificar que cuando un emprendedor se aventura por ejemplo a la comercialización de sus productos, en nuestro país tiene un dilema ético: o se mantiene en la informalidad sin mayor crecimiento, y sus clientes serán seguramente solo personas naturales, ya que las empresas formales le pedirán facturas, o se formaliza (“deber ser”) a través de un Régimen tributario establecido, el cual le generará finalmente probables sobrecostos y aplicaciones de multas que finalmente se llevarán su poca utilidad, o tendrá que litigar por posibles contingencias, gastando en asesorías.
Entonces muchos escogen el “lado oscuro” de este dilema, que no debería existir, porque si tuviéramos un Régimen atractivo, simple y eficaz, no confiscatorio en las multas y sin barreras burocrática de varios tipos, seguramente muchos estarían dentro de tal estructura; si las reglas fueran claras y conocidas, eso también ayudaría; a la vez, si quizás por los primeros años de existencia no se pagaran ni tributos y multas, ese emprendedor podría crecer y recién después, ya maduro, tributar. Y le sería atractivo cumplir con sus obligaciones fiscales. En el interín, se educa fiscalmente. Pero el Estado tiene miedos y que son también legítimos: lanzar una amnistía tributaria de seguro generará la actitud no ética de parte del contribuyente de no cumplir esperando siempre esos “salvavidas”, a la vez que rebajar las multas puede no generar que se promuevan los cumplimientos ni se disuada al infractor.
Ahora bien, pero ¿Qué hacemos desde la normativa? Estamos viendo hoy en día una serie de respuestas que se quieren ofrecer a estas empresas de emprendedores, ya sea por Leyes ya dadas, o por Proyectos de Ley, pero las soluciones son muchas veces “peores que la enfermedad”: se quiere crear verbigracia un Régimen RIPE que es finalmente más oneroso que el Régimen Único Simplificado; se crea una disminución del IGV a hoteles y restaurantes pero ello no rebaja en la práctica los menús ni promueve empleaos; se pretenden depreciaciones aceleradas parciales a solo ciertos bienes; o apoyar en el fraccionamiento de adeudos hasta el 2018 con pocos detalles de data de intereses y plazos, etc.
Realidad dura, y todo entonces, de cabeza. Desde el contribuyente que quiere evadir, hasta un Estado falto de creatividad fiscal y con simples afanes recaudatorios (gravar más a los mismos como en el Impuesto a las grandes riquezas o fortunas; poco o nulo apoyo en el pago dilatado y sin decisión política para realmente simplificar y bajar la carga de los agobiados emprendedores).
Solo se busca “parchar” algunos temas, pero sin proponer, con valentía y decisión, un cambio estructural.
Nos preguntamos: ¿Estamos siendo éticos, desde el punto de vista del contribuyente en su accionar defraudatorio, y desde Estado en la dación de las normas tributarias (esas que violan principios, que aparecen sin reglamentos, o que no se discuten con los contribuyentes)?
Entonces, las soluciones pasan por una actitud de fiscalizar al informal con mayor énfasis, pero iniciando agresivas campañas de educación, para direccionarlo a un sistema tributario simple y mejorado, evitando la elusión fiscal. Claro, esto genera un esfuerzo humano y logístico mayor por parte del Fisco.
Pero es el esfuerzo natural para la ampliación de la base de contribuyentes. No solo la que vale es la solución más fácil, la de seguir gravando a los que ya son formales.
Fuente: RPP
