Por sacrificar la meritocracia entendida como un principio basilar del acceso a la función pública, el Tribunal Constitucional (TC) declaró parcialmente inconstitucional la Ley N° 31131 en sus artículos 1, 2, 3, 5 y Disposiciones Complementarias Finales.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró, por mayoría, parcialmente inconstitucional la Ley 31131, en sus artículos 1, 2, 3, 5 y Disposiciones Complementarias Finales, que disponían la incorporación de los trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a los regímenes laborales de los decretos legislativos 276 y 728.
En este fallo, el máximo colegiado reitera su jurisprudencia expresada recientemente en la Sentencia Nº 11-2020-PI/TC, en la que, por unanimidad, declaró inconstitucional la Ley Nº 31039, sobre ascenso automático, nombramiento y otros, del personal de salud. Como en aquella ocasión, el TC consideró que la Ley Nº 31131, al ordenar la incorporación de los servidores del régimen CAS a los Decretos Legislativos Nº 276 y 728, es inconstitucional por infringir las disposiciones de la Constitución referidas a: la prohibición de los congresistas de crear o aumentar gastos públicos (artículo 79), el principio de equilibrio presupuestal (artículo 78) y la competencia del Poder Ejecutivo para “administrar la hacienda pública” (artículo 118, inciso 17).
Para el Tribunal Constitucional, la Ley Nº 31131 es inconstitucional pues no solo contribuye al tratamiento desarticulado y sin la debida planificación que todavía subsiste en la gestión de recursos humanos en el Estado, sino que, además, no ha tenido el respaldo del Poder Ejecutivo, que es el competente para diseñar y dirigir la política laboral pública, en ejercicio de su facultad de “dirigir la política general del Gobierno” (artículo 118, inciso 3, de la Constitución).
Asimismo, la Ley Nº 31131 sacrifica la meritocracia ?que el TC, en su Sentencia Nº 00025-2005-PI/TC, entiende como un principio basilar del acceso a la función pública?, pues la incorporación de los trabajadores CAS a los regímenes de los Decretos Legislativos Nº 276 o 728 podría realizarse con un estándar menor al normalmente exigido para acceder al empleo en el sector público.
Fuente: El Peruano