La Procuraduría General del Estado (PGE) dispuso la creación de una unidad especial dedicada a ejercer la defensa jurídica de los intereses del Estado en procesos seguidos contra altos funcionarios.
Debido a que los casos en los que la PGE ejerce la defensa jurídica del Estado denotan alta complejidad ─ya sea por la condición de los funcionarios que son investigados, la voluminosidad de las carpetas o el alto impacto de los hechos de investigación─ se decidió crear la Unidad Funcional para la defensa del Estado en casos contra altos funcionarios.
Este grupo de trabajo nace con el propósito de brindar una acción integral, responsable y efectiva en la totalidad de casos en los cuales interviene el Procurador General del Estado.
“Es la formalización de un equipo de trabajo que constituimos tan pronto retorné al cargo (…) La idea es tener un equipo cohesionado que participe en estos procesos enfocados en la corrupción de altos funcionarios”, sostuvo el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján.
Funciones
La Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado (UFDJE) podrá presentar propuestas sobre la viabilidad y pertinencia para denunciar a altos funcionarios a través del procurador general del Estado, así como participar en diligencias, audiencias y otros actos procesales.
También podrán proponer proyectos de apelación, reposición, nulidad y elaborar informes situacionales sobre el avance de las investigaciones. Asimismo, serán encargados de actualizar la información de las controversias sobre los procesos e investigaciones en el Sistema Único de Administrativo de Expedientes de las Procuradurías del Estado Peruano (SAEP).
La resolución designa como coordinadora a la especialista procesal Lilia del Río Farro, cuyo grupo de trabajo depende funcionalmente de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal (DAJP), a cargo del abogado Omar Rojas Silva.
La citada unidad será de gran importancia pues apoyará al Procurador General del Estado en el tratamiento de los delitos cometidos desde la más alta esfera de la función pública que, mayoritariamente, están vinculados con hechos de corrupción y abuso de poder.
