Por: Ricardo Gandolfo Cortés (Abogado y catedrático de posgrado de la UPC)
El Estado peruano ganó el laudo arbitral a la concesionaria de Chavimochic, lo que implica que el proyecto continúa en la región La Libertad. A continuación, el autor nos explica los alcances de esta decisión que evitará el desembolso de 118.5 millones de dólares y otros conceptos por daños y perjuicios solicitados por la concesionaria.
El Perú volvió a ganar otro arbitraje. Esta vez el que entabló el concesionario del Proyecto Chavimochic III, que demandó 118 millones de dólares y la devolución del íntegro de la garantía de fiel cumplimiento, así como la renovación de las pólizas, y terminó obteniendo apenas 247,000 dólares que corresponden al saldo que queda por la ejecución del 70% de la señalada garantía de fiel cumplimiento por la violación del contrato.
Del total de su pretensión central de 118 millones de dólares, logró el 0.2%. Esa pretensión central se generó como consecuencia del reclamo de 41 millones de dólares por prestaciones ejecutadas y no pagadas; de 27 millones de dólares por gastos generales y mayores gastos y costos incurridos durante el desarrollo del contrato y de 50 millones de dólares por daños y perjuicios, que la demandada objetó en consideración al reconocimiento de culpa del principal socio del concesionario en los actos de corrupción ligados a proyectos de infraestructura en el país, que ocasionaron una situación adversa y un riesgo a su reputación que le impidieron obtener fondos del mercado para cumplir con el cierre financiero al que estaba obligado.
Mientras el concedente agotaba sus esfuerzos para la transferencia del proyecto mediante entregas parciales al concesionario, este abandonó, a partir de marzo del 2016, cualquier esfuerzo para obtener el cierre financiero, lo que lo llevó a decidir unilateralmente la terminación del contrato por culpa del concedente el 21 de febrero del 2017, a fin de evitar a toda costa que sea este quien declare su incumplimiento manifiesto.
El tribunal arbitral no encontró procedente esa decisión y dispuso por unanimidad la caducidad anticipada del contrato de concesión firmado el 9 de mayo del 2014 por causales imputables a ambas partes y por mayoría por la causal atribuible al concesionario.
El tribunal arbitral estima que el Decreto de Urgencia N° 003-2017 terminó de liquidar la suerte del contrato al disponer que las empresas relacionadas con los hechos de corrupción debían abandonar los proyectos que tenían en el Perú.
A partir de ese año los esfuerzos de las partes se encaminan en busca de una salida ordenada, que sin embargo no se llega a concretar como tampoco la adenda que hubiera permitido la reactivación de los trabajos hasta su terminación. El laudo faculta al concedente a retener el 10% del monto que le corresponde pagar al concesionario en aplicación del mismo decreto, al tiempo de mantener vigentes todas las normas sobre sustitución del concesionario.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) tiene la esperanza de reactivar el proyecto el próximo año. El optimismo del Gobierno central se estrella con la posición del gobierno regional que lamenta la falta de firmeza de los que tuvieron en sus manos la posibilidad de destrabar el proyecto mediante la adenda que se estuvo negociando con ese fin.
Incluso creyeron que el tribunal arbitral había aceptado la nueva ampliación solicitada para que no se emita el laudo, con la esperanza de que ello propiciaría el destrabe y la reactivación de Chavimochic.
El gobierno regional estima que para terminar Palo Redondo y la tercera etapa del proyecto se tendrán que esperar cuatro o cinco años. Sabían que el tribunal tenía listo el laudo, pero confiaban en que no lo darían a conocer en tanto existía la esperanza de que se reanuden las obras.
El reinicio de los trabajos y la ejecución del saldo del 30% de la presa como obra pública requieren de un nuevo expediente técnico y esperar que quien sea adjudicado se haga responsable de todo el proyecto constructivo. Palo Redondo se financió con un préstamo de la CAF por 340 millones de dólares y hasta la fecha se habían invertido 220 millones de dólares en el avance del 70% de la presa y otros componentes de la primera fase de esta etapa del proyecto. Para concluir el saldo, se le debía pagar lo que resta y otros 22 millones de una valorización de avances.
El Midagri tiene otra percepción. Según el Gobierno central, la licitación para reiniciar las obras podría convocarse el próximo año. La verdad parece estar a caballo entre una y otra posición.
Ciertamente, la suscripción y puesta en marcha de la adenda hubiera agilizado el proceso, pero se demoró mucho en concretarse al punto que el tribunal arbitral ya no pudo esperar. Reiniciar las obras de la presa abandonada por cerca de siete años y con muy probables daños ocasionados por el Niño Costero con filtraciones y percolaciones en su base demandarán tiempo y trabajos muy finos que el colegiado ha preferido no dilatar más.
Mención especial merece el reconocimiento que hace el laudo respecto a la actuación de la supervisión que se condujo de manera inobjetable y que no aprobó pagos por trabajos no autorizados, corrigió las fórmulas polinómicas equivocadas y rechazó las pretensiones sin fundamento, como las de daños y perjuicios, admitiendo más bien lo que en justicia correspondía, echando por los suelos la idea de que los supervisores favorecen a los contratistas cuyas labores deben controlar y confirmando la tesis de que son ellos los más indicados, por su carácter especializado y por la rigurosidad de los procedimientos con que se los selecciona, para verificar la correcta ejecución de las obras y sus contratos.
Eso de confiar que esas tareas las hagan organismos que no tienen ingenieros profesionales altamente competentes en las diferentes disciplinas que exige la ejecución de obras complejas es totalmente absurdo, innecesario y peligroso, porque pone en riesgo las decisiones que se adoptan con el objeto de salvaguardar los trabajos que se realizan, la seguridad de las personas y la viabilidad de la infraestructura.
Fuente. Jurídica (El Peruano)
El Proyecto referido a la ultima etapa denominada III Etapa del Proyecto Chavimochic, estuvo muy mal gerenciada por cuanto permitieron que el Concesionario (ODEBRECHT Y G&M), ejecutaran la obra de la Presa Palo Redondo utilizando solo los recursos del Estado Peruano, y no cumplieron con la contraparte que debió financiar el Concesionario que era el Canal que lleva las aguas de Moche a Chicama para irrigar la parte mas importante de los tres Valles es decir el Valle de Chicama, esto lo hicieron intencionalmente porque no tenían ni la intención de buscar los recursos en el Mercado, este incumplimiento era materia de rescisión del Contrato, donde estuvo la Supervisión para exigir el cumplimiento del integro del Contrato, ese detalle que es el mas importante nunca se ha expresado en ningún foro ni discusiones en el GRLL, ni en el MINAGRI.