Por: Dr. Hugo Morote (Socio de Roselló Abogados).
“Los contratos y su protección constitucional no valen. Y los contratos-ley, la supuesta mayor protección que el Estado Peruano ofrece a un inversionista, es un simple papel”, señala el Dr. Hugo Morote, de Roselló Abogados.
Con nuestros ingresos pagamos por nuestros alimentos, casa o alquiler, por los servicios que recibimos o por los productos necesarios para nuestro negocio. Todo trabajador y empresa hace esto, cualquiera sea su tamaño, sea formal o informal.
Imagine una ley del Congreso que le quita todos sus ingresos. ¿Cómo paga su casa, alquiler o servicios? ¿Y a los que trabajan para usted? El Congreso prefiere que aquello que era su ingreso lo mantenga quien debía pagárselo. ¿Cómo? Si, el Congreso ha decidido que usted deberá seguir trabajando, vendiendo sus productos o prestando sus servicios, pero sin que le paguen por ello. ¿Le parece justo? ¿Le quitan su propiedad para regalársela a otro?
Eso sucede con la ley que suspende el cobro de peajes. El Congreso ha despojado a los concesionarios de su único ingreso y pretende que así sigan trabajando, prestando servicios y pagando a su personal y terceros.
Peor que una expropiación donde le quitan su propiedad, pero siguiendo un debido proceso, pagándole un precio justo y, además, para beneficiar a la sociedad. En el caso de los peajes, el Congreso ha despojado a los concesionarios sin seguir procedimiento alguno, sin pagar justiprecio (peor aún, ¡prohibiendo que se pague!) y para beneficiar a los transportistas de carga, los únicos que continuaban transitando por las carreteras con obligación de pagar peaje (ambulancias, policía y demás ya estaban exonerados).
A pesar de que en su contrato se pactó que el concesionario tendría derecho a cobrar peaje durante toda la vigencia de su Concesión. A pesar de que la Constitución establece que no puede modificarse lo pactado en un contrato por una ley posterior. A pesar de que los concesionarios tienen un contrato-ley donde el Estado Peruano garantiza que cumplirá sus obligaciones y que esa garantía no era modificable por una ley posterior.
Es decir, los contratos y su protección constitucional no valen. Y los contratos-ley, la supuesta mayor protección que el Estado Peruano ofrece a un inversionista, es un simple papel.
Es correcto que el Ejecutivo demande la inconstitucionalidad. Pero esa solución tardará meses y los concesionarios habrán quebrado. Cada día sin que cobren agrega un monto a la indemnización que pagará el Perú. Nuestros impuestos no deben usarse en indemnizaciones. Deben usarse para proporcionar agua a quien no la tiene. Para ampliar la cobertura y calidad de la salud y educación pública. ¿Hay algo más por hacer?
Si. Y es simple. El Ejecutivo decide cuándo existe el Estado de Emergencia y sus alcances. Puede regularlo. Ya lo ha hecho durante esta crisis regulando, por ejemplo, que día podemos salir, a qué hora, que actividades se reactivan. La ley que suspende el cobro de peaje no elimina esa facultad del Ejecutivo y, como indica la demanda de inconstitucionalidad, su vigencia depende del Estado de Emergencia Nacional por lo que, cambiándolo o regulándolo adecuadamente, culminarán sus efectos nocivos.
El Ejecutivo debe ejercer esa facultad y regular los alcances del Estado de Emergencia Nacional disponiendo lo necesario para que los concesionarios cobren peaje.
Está en manos del Ejecutivo la solución. Aplicándola, reducirá la exposición a indemnizaciones y permitirá creer que hay instituciones comprometidas con la legalidad y con lo realmente conveniente para el Perú.
Soy abogado de concesionarios. Pero, como abogado, mi compromiso es con la Constitución y la ley. Como peruano, quiero evitar que volvamos a la caverna o las colas para comprar un kilo de arroz o de azúcar o dos tarros de leche, por los “precios justos” fijados por el Estado. Lo que sucede con los concesionarios es el primer paso. Reaccionemos.
Fuente: Gestión
