Por: Jorge Picón (Abogado tributarista)
Los litigios que mantiene la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) con los contribuyentes se han convertido en un gran problema, ya que son miles los casos de larga data, que aumentan año a año y podrían ser un síntoma que ahuyente la inversión privada. El problema radica en la falta de una relación más cercana y comprensiva entre el Estado y las empresas.
Por el lado del Estado, los problemas van por las expectativas infladas, como reparos, una recaudación no cumplida y enormes costos del aparato estatal involucrado en la solución de estas controversias. Por el lado del privado, se trata de grandes costos de litigar, acumulación de altísimos intereses y la incertidumbre sobre la viabilidad de la empresa a la sombra de tales contingencias. Ambas partes se han llenado de mitos sin mayor fundamento.
Por un lado, un Estado que alega que al contribuyente le conviene litigar –lo que salvo excepciones– no tiene mucho sentido. Por otro lado, contribuyentes que alegan que los auditores reciben comisiones por sus reparos, lo que tampoco es real. Esta contraposición tan extrema de intereses y visiones del problema se ha trasladado a las propuestas de la solución de tal problema.
Para entender lo inconveniente de reensayar nuevas medidas restrictivas y seguir en la misma postura, esperando solución, basta con recordar la frase atribuida a Einstein: “Locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes”.
Así tenemos que, por el lado del Estado, se busca encarecer el costo de litigar para el privado, como se desprende de su proyecto de ley para acelerar el cobro de “deudas tributarias”.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) parte de la premisa de que controversia es igual a deuda, y por ello buscan elevar la valla para apelar fallos en la sede administrativa o judicial.
En el fondo, la lógica del Estado es que está mal reclamar un derecho inherente a cualquier contribuyente. Cabe indicar que, dependiendo de los términos de la norma propuesta, podríamos estar ante una norma inconstitucional que ya se ha intentado en el pasado.
Por el lado de los contribuyentes, se proponen salidas legislativas que puedan al mismo tiempo darle liquidez al Estado al pagar montos en litigio. Además, le permitiría a las empresas reducir las contingencias infladas, eliminando multas y reduciendo los intereses a la tasa de inflación.
En este contexto en el que dos lados no se ponen de acuerdo, hemos visto varios casos de grandes pagos de montos en litigio “bajo protesta” durante los últimos meses. Es decir, las empresas han pagado el monto de la controversia que tienen con Sunat sin renunciar a su legítimo derecho de impugnar en los fueros correspondientes.
El caso más reciente es el pago al fisco de Telefónica por más de 354 millones de soles por una disputa del 2014 que aún estaba en apelación. Este comportamiento desafía el mito de que las empresas prefieren litigar antes de pagar. En la realidad, litigar no es saludable financieramente para las empresas, lo racional es buscar un mecanismo que permita llegar a un entendimiento sin ceder al legítimo reclamo.
Esta posición abre una ventana para establecer una nueva relación entre la Sunat y las empresas, que podría redundar en un manejo más técnico e idóneo de los largos litigios tributarios, entendiendo que el litigio no le conviene a ninguna de las partes.
De esta forma, una solución normativa debería orientarse a reducir la carga de litigios del Estado y obtener una recaudación más inmediata. Al mismo tiempo se deben respetar los derechos de los contribuyentes, entendiendo la sobrecarga impositiva y de control que recae sobre la empresa formal, en particular la de mayor tamaño. Ellos son los aliados estratégicos del Estado no solo por su generación de empleo formal, sino también por su gran contribución al fisco.
Fuente: Jurídica (El Peruano)
