Por: Maria Cecilia Villegas, miembro del Directorio en Contribuyentes por el Respeto
Mientras en su gira por México y Estados Unidos el presidente Castillo intentó hacerles creer a los inversionistas extranjeros que existían seguridades para que inviertan en el Perú, su Gobierno continúa capturando instituciones claves para la defensa de la democracia y las libertades de todos los peruanos. La inversión privada es necesaria para crecer, pero no debemos olvidar que el crecimiento económico no garantiza ni la democracia ni las libertades individuales.
En las democracias liberales, las instituciones han sido creadas para poder controlar al Estado y limitar su poder. La división de poderes y los pesos y contrapesos se crearon para que no exista un poder absoluto por el peligro que ello conlleva para los ciudadanos. En esa línea, las constituciones políticas fueron creadas para que los ciudadanos puedan restringir el accionar del Estado y garantizar el ejercicio de las libertades. Esa es la razón por la cual la defensa de la Constitución es tan importante, porque si el Gobierno logra convocar a una asamblea constituyente, las libertades de todos los peruanos estarán en riesgo.
Latinoamérica vive una ola de populismo en manos de regímenes autoritarios y dictaduras que limitan las libertades de los ciudadanos y ponen en riesgo a las democracias liberales. Lo hacen utilizando las mismas instituciones democráticas que buscan destruir. Para estos regímenes el control de las instituciones es clave, comenzando por los servicios de inteligencia, que juegan un rol importantísimo cuando de controlar a los ciudadanos se refiere. Ello, porque producen información confidencial que puede ser utilizada por el Gobierno. En el caso del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) “busca generar ventajas estratégicas para que el presidente y el Consejo de Ministros tomen decisiones y anticipen amenazas y riesgos a la seguridad y desarrollo nacional”. ¿Quién define cuáles son los riesgos para la seguridad y el desarrollo del país? ¿Podría considerarse que un líder de oposición constituye un riesgo para el desarrollo?
Por otro lado, el Ministerio Público y el Poder Judicial son instituciones que históricamente han sido utilizadas por gobiernos autoritarios para perseguir a opositores políticos. Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador son una muestra del uso de la “justicia” para encarcelar a los líderes de la oposición y así lograr que los gobiernos autoritarios y las dictaduras se afirmen en el poder. Venezuela lleva 22 años en manos de una dictadura que no solo limita las libertades de sus ciudadanos, sino que ha destruido la economía y empobrecido al pueblo al que dice representar. Por cierto, Chávez y Maduro lo hicieron utilizando las “herramientas” de la democracia.
La judicialización de la política tiene un doble rol: no solo se desaparece a los opositores, es también un incentivo perverso para generar temor en quienes están pensando entrar a la política activa y ser oposición a los gobiernos autoritarios. En el contexto de populismo y autoritarismo, la prensa tiene un rol importantísimo investigando y echando luz ahí donde el Gobierno quiere oscuridad. Y es que la sociedad civil solo puede controlar a un Gobierno y defenderse de este accediendo a información. Perú Libre lo sabe y, por ello, ha presentado un proyecto sobre control de contenido en medios en casos de “emergencia”.
El Gobierno está construyendo las bases de un autoritarismo y le está siendo fácil capturar las instituciones porque la ausencia de partidos políticos y líderes impide una oposición organizada y coherente. El mejor ejemplo es que personajes como Guido Bellido e Iber Maraví pueden ejercer cargos de Gobierno y enfrentarse a las instituciones democráticas a pesar de las acusaciones por presuntos vínculos con el terrorismo que pesan sobre ellos. Es iluso creer que las democracias lograran defenderse de los ataques autoritarios. ¿Si no lo pudo hacer Venezuela, Bolivia, El Salvador o Nicaragua, por qué el Perú habría de lograrlo?
Fuente: El Comercio
