Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional (RNAS), creado mediante Decreto Legislativo N° 1265 y reglamentado mediante Decreto Supremo N° 002-2017-JUS
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El Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional (RNAS), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reporta un total de 617 sanciones impuestas entre el 2017 y 2018, a quienes en el ejercicio privado de su profesión o en el cargo de su función pública incurrieron en actos irregulares.
El reporte sobre sanciones inscritas en el RNAS al 31 de diciembre de 2018 fue elaborado por la Dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del citado portafoilio.
De las 285 sanciones inscritas en el 2018, un total de 174 fueron emitidas por las Cortes Superiores de Justicia, 58 por el ex Consejo Nacional de la Magistratura, 43 por los Colegios de Abogados y 10 por otras entidades públicas.
Solo 17 Cortes Superiores de Justicia emitieron sanciones, siendo la Corte Superior de Justicia de Huaura (80) y la Corte Superior de Justicia de Arequipa (44) las que reportaron más casos.
Los colegios profesionales con mayor registro de sanciones son el Colegio de Abogados de Lima (81), de Arequipa (45) y de Huaura (38). Las sanciones más recurrentes fueron las multas (193), seguidas de las destituciones (59) y suspensiones (29).
No obstante, no todas las entidades reportan las sanciones a este Registro y existe un bajo conocimiento sobre las conductas que son materia de sanción.
En ese marco, con el fin de promover la importancia del RNAS, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desarrollará una campaña de información para entidades obligadas en el marco del Decreto Legislativo N° 1265, y para las y los abogados en ejercicio.
La campaña permitirá además fortalecer los niveles de coordinación con las entidades que imponen y que tienen el deber de reportar las sanciones.
La importancia de un registro como el RNAS radica en la posibilidad de contar con información valiosa para la elaboración de políticas públicas que incentiven y fortalezcan la probidad en el ejercicio de la abogacía.
Asimismo, constituye una herramienta de acceso gratuito, que contribuye a la transparencia del ejercicio profesional de los abogados y las abogadas frente a la ciudadanía.
Fuente: Andina
