- Señaló que mediante el bitcoin la criminalidad organizada ha desarrollado una nueva ruta de ocultamiento de ganancias ilegales.
El juez supremo Víctor Prado Saldarriaga alertó que hasta la fecha y, por información de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del propio Poder Judicial, no existe un solo caso judicializado sobre el lavado de activos virtuales.
Informó que según las estadísticas que difunde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú, actualmente, hay una nueva tipología delictiva que ya asoma en la realidad nacional: el lavado de activos virtuales.
En su presentación en la I Cumbre Internacional de Justicia Penal “Hacia una Justicia 4.0”, que se desarrolla en Lima, Prado Saldarriaga señaló que durante la pandemia los activos virtuales o criptomonedas (bitcoin) encontraron una oportunidad notable de expansión y desarrollo.
“Para la criminalidad organizada los activos virtuales son la gran oportunidad y una nueva ruta para desarrollar con mayor eficiencia y eficacia el ocultamiento de las ganancias ilegales, así como impedir y bloquear, de alguna manera, las acciones de decomiso internacional de activos de ese origen”, precisó.
Añadió que países como Perú, donde la economía tiene una alta tasa de informalidad, el panorama es mucho más favorable para ese uso delictivo.
“Los criminales tienen la capacidad de abrir de manera rápida y anónima billeteras electrónicas desde donde pueden comprar monedas virtuales usando el dinero obtenido de actividades ilícitas”, alertó.
Por otro lado, reveló que la GAFI (Grupo de Acción Financiera) de la Superintendencia de Banca y Seguros ha detectado transacciones sospechosas desde el año 2016.
Asimismo, advirtió que en el período de 2019 al 2022 la UIF ha recibido 137 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que implican lavado de activos virtuales, generando con ello un movimiento de más de 32 mil millones de soles, siendo los delitos tributarios la principal cantera que genera la ganancia ilegal que propician estas operaciones.
Señaló que de acuerdo a ese informe las personas reportadas son naturales y jurídicas, de todos los niveles socioeconómicos, así como también de actividades distintas como amas de casa, fuerzas armadas y policiales.
Aseveró que la informalidad tiene un rol trascendente “el mayor número de personas jurídicas implicadas tienen menos de un año de haber sido creadas y por tanto todo apunta a que son fachadas”.
