Un examen de control en la región Junín corrobora que Perú Libre actuó de la mano con la corrupción, pues malos funcionarios de ese partido han sido señalados como parte de un numeroso contingente de empleados públicos que desfalcaron las arcas del Estado y han causado una serie de perjuicios económicos.
La Gerencia Regional de Control del departamento de Junín de la Contraloría General de la República (CGR) ha presentado una relación con más de 400 nombres de funcionarios de ese departamento con presunta responsabilidad civil y penal en hechos cometidos hasta el año pasado.
De esta relación, Perú21 examinó la base de datos y determinó que existe un total de 45 militantes de Perú Libre que se encuentran comprendidos en estos informes. En los últimos meses, de este grupo de 45 perulibristas, 10 renunciaron a su militancia, como es el caso del exgobernador Fernando Orihuela Rojas y otros personajes. Hasta la fecha, los motivos de su alejamiento del partido de Vladimir Cerrón se desconocen.
La CGR realizó observaciones al manejo de S/195 millones de recursos públicos y se detectó un perjuicio contra el Estado de más de S/39 millones. El daño económico se identificó en instituciones como el Gobierno Regional de Junín, direcciones de Educación, Salud, y las municipalidades de Huancayo, Concepción, Yauli y Chilca, que precisamente estuvieron bajo la administración de autoridades y funcionarios de confianza de Perú Libre.
El documento de la Contraloría recoge hechos de años anteriores. Por ello, figura también el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón Rojas, quien está comprendido por la modificación de un convenio de la obra “Creación del puente Comuneros en los distritos de Huancayo y Huamancaca Chico”.
La pandemia no los frenó
El desabastecimiento de oxígeno y camas en el departamento de Junín, al igual que otras regiones a finales de 2020 era alarmante, pero esto no fue impedimento para que la Red de Salud de la provincia de Satipo (Junín) decidiera comprar una ambulancia fluvial de 435 mil soles para el puesto de salud de la localidad de Betania, pese a que no existía un requerimiento de necesidad y mucho menos que estuviera contemplada su compra como urgente por el COVID-19.
Según el informe de la CGR, los funcionarios de la Red de Salud que estaban bajo el mando de Perú Libre decidieron pagar en su totalidad a la empresa por el vehículo, pese a que esta no había entregado la ambulancia.
Dentro de las irregularidades también detectaron que la compra se concretaron a destiempo y sin respetar las características y especificaciones, lo que generó un perjuicio de poco más de 80 mil soles.
Un mes después de la adquisición, misteriosamente la ambulancia terminó siniestrada y a la fecha convertida en chatarra.
Ginés Barrios Alderete, abogado y exconsejero regional de Junín, ha cuestionado esta adquisición. “Esa decisión no tenía nada que ver con atacar la pandemia porque las políticas eran claras, que eran de combatir y mitigar el COVID-19, pero de esto, a ellos (Perú Libre) se les ha presentado una extraordinaria oportunidad para vacunarse. Una extraordinaria oportunidad para adquirir una serie de insumos porque había presupuesto adquiriendo bienes y servicios y presuntamente sobrevalorados”.
Durante la terrible temporada del SARS-CoV-2 también se evidenciaron irregularidades en las
contrataciones de establecimientos que sirvieron como centros de aislamientos para personas con síntomas de coronavirus. En la provincia de Jauja –del mismo departamento– se alquilaron ambientes, pero no se justificó o evidenció un cuaderno de control de personas que concurrieron, lo que generó un perjuicio de 887,243.72 soles.
Otro hecho similar ocurrió en Chachamayo, donde, además, de los ambientes se contrató la entrega de alimentos para los afectados, pero tampoco se tiene un registro. Aquí el perjuicio es de S/265,065.83.
OTROS SECTORES
No solo en el sector salud se presume aprovechamiento, sino que también se pone en evidencia que en la Dirección Regional de Educación se hicieron pagos irregulares por 1′523,227.26 soles por conceptos de “Aprobación y pago de la bonificación por desempeño, movilidad e incremento de la remuneración a trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo”.
Este hecho irregular –para la Contraloría– se concretizó entre agosto y diciembre de 2020, cuando todos sufríamos los embates de la pandemia.
“Hay una directiva tácita en Perú Libre para afectar el patrimonio público con fines subalternos, básicamente para afianzar el proyecto de Perú Libre y, sobre todo, para mantener a (Vladimir) Cerrón porque él vive prácticamente gratis, cuyos ingresos –presuntamente ilegales– aseguran su subsistencia”, mencionó Barrios a Perú21.
La exautoridad asegura que Satipo no solamente para Perú Libre es un “bolsón electoral atractivo, sino también para muchos partidos de gobierno, de manera que a estos les conviene quedar bien y justamente les importa poco si estuvieran incurriendo en determinadas infracciones y necesidades de servicio y, por eso, en un afán y perversión de quedar bien, afectan una obra para hacer otra y se ve claramente una sobrevaloración, tiene adicionales o hay un componente de corrupción”, tal y como sucedió en el caso en la compra de la ambulancia fluvial.
Fiscales apoyan investigaciones
Debido a la alta carga procesal, un grupo de 15 fiscales viene ayudando a ver los procesos acumulados que tienen los despachos de la Fiscalía Anticorrupción de Junín.
Fuente: Perú 21
